El Gobierno argentino modificó la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso y expulsar a extranjeros que promuevan mensajes de odio o violencia contra el país y sus ciudadanos. La medida busca contrarrestar las recientes campañas antiargentinas en redes sociales.
El Gobierno nacional modificó la Ley de Migraciones para establecer que los extranjeros que hayan promovido mensajes de odio o incitado a la violencia contra la Argentina o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad no podrán ingresar al país y, si ya residen en territorio argentino, podrán ser expulsados. La decisión se oficializó a través del Decreto 681/2026, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y su gabinete.
La norma incorpora nuevas causales de prohibición de ingreso y de cancelación de residencia para quienes hayan difundido mensajes de odio, participado en actos de hostilidad contra argentinos o realizado ultrajes a los símbolos patrios. La medida llega después de las fuertes repercusiones y una presunta campaña antiargentina tras el Mundial 2026, cuando en redes sociales se multiplicaron publicaciones con acusaciones de racismo contra los argentinos, campañas de desprestigio y mensajes ofensivos hacia el país y su población.
Según la Oficina del Presidente, el decreto «incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios». El comunicado agrega que «frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país».
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo argumentó que «han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional». Sin embargo, se aclara que la modificación no alcanza a las expresiones de disenso ideológico ni a las críticas políticas, académicas o ciudadanas, siempre que constituyan un ejercicio legítimo de la libertad de expresión garantizada por la Constitución.
La decisión del Gobierno se conoció pocos días después de que Javier Milei denunciara públicamente la existencia de una presunta campaña internacional contra la Argentina, en medio de la crisis diplomática abierta con Brasil. El Presidente aseguró que, tras el Mundial 2026, las críticas y acusaciones que recibió el país no fueron espontáneas sino parte de una ofensiva organizada. Además, acusó directamente al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de haber financiado parte de esa supuesta campaña.
Las declaraciones tensaron aún más el vínculo con Brasil, que ya había convocado a consultas a su embajador en Buenos Aires tras las críticas formuladas por el mandatario argentino durante un acto político en San Pablo. La modificación de la Ley de Migraciones busca contrarrestar las recientes campañas antiargentinas en redes sociales y reafirma la defensa de la Nación y sus ciudadanos.
