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Caputo cruzó a Kicillof por el superávit energético y la estatización de YPF

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce de las recientes declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien había vinculado el actual saldo positivo en la balanza energética con la nacionalización de YPF ocurrida en 2012. A través de sus redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda desestimó los argumentos del mandatario provincial y atribuyó la recuperación del sector a las políticas implementadas por la gestión de Javier Milei.

Para Caputo, el superávit energético que registra la Argentina no es consecuencia de la estructura societaria de la petrolera estatal, sino de un cambio de paradigma económico. El ministro detalló que la reversión del déficit se fundamenta principalmente en la recomposición de las tarifas —buscando dar señales de precios que incentiven la inversión— y en la cancelación de deudas heredadas del gobierno anterior.

En su descargo, el funcionario destacó que la actual dinámica exportadora está traccionada mayoritariamente por empresas del sector privado. Según su visión, la inversión masiva que se observa hoy en el país se habría producido independientemente de si YPF fuera pública o privada, siempre y cuando existieran las condiciones de mercado adecuadas.

Uno de los puntos de mayor fricción entre Nación y Provincia sigue siendo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Caputo defendió esta herramienta como el mecanismo clave para garantizar la seguridad jurídica, contrastándola con la postura de Kicillof, a quien acusó de intentar desacreditar el programa de forma irresponsable.

«La expropiación de YPF atrasó diez años el desarrollo de Vaca Muerta porque ahuyentó las inversiones que ahora están llegando masivamente», sentenció el ministro.

El costo de la expropiación

Desde la óptica del Ministerio de Economía, la gestión kirchnerista en el área energética provocó un «mega déficit fiscal» financiado con emisión monetaria, lo que derivó en los actuales niveles de inflación. Caputo subrayó que el costo para el país no solo se mide en los juicios pendientes en tribunales internacionales —donde Argentina enfrenta fallos adversos por miles de millones de dólares— sino también en las exportaciones no concretadas durante la última década.

El contrapunto técnico y político entre ambos dirigentes expone dos visiones antagónicas sobre el rol del Estado en los recursos estratégicos: mientras el gobernador bonaerense reivindica la soberanía hidrocarburífera desde el control estatal, el Ejecutivo Nacional apuesta a la desregulación y al protagonismo de los capitales privados para consolidar a la Argentina como un exportador neto de energía.