La Casa Rosada avanza en los detalles finales del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que enviará al Congreso. La iniciativa busca extender las sanciones hacia las empresas, accionistas y proveedores vinculados con la explotación comercial de recursos en las islas sin autorización argentina.
La medida formará parte del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuya presentación parlamentaria está prevista para la próxima semana a través de la Cámara de Diputados. Fuentes gubernamentales confirmaron que las definiciones al respecto se terminarán de pulir en los próximos días, en el marco de las estrategias delineadas por la mesa política junto a ministros del Gabinete.
Un alcance ampliado sobre los recursos naturales
La posibilidad de expandir las restricciones ya había sido adelantada por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional ofrecida el pasado 3 de septiembre. En aquella ocasión, el mandatario anticipó la modificación de la Ley 26.659 -históricamente ceñida a los hidrocarburos en la plataforma continental- con el propósito explícito de abarcar otras actividades económicas en el archipiélago que vulneren la soberanía y los intereses nacionales.
Bajo el modelo que el Ejecutivo busca consolidar, las sanciones no recaerán únicamente sobre las compañías que operen de manera directa en la zona sin el visto bueno de la Argentina. El esquema se propone alcanzar también a accionistas, directores, firmas proveedoras y entidades que participen económicamente de los proyectos, además de inhabilitar a los infractores para contratar con el Estado argentino.
De hecho, la Casa Rosada ya comenzó a implementar esta lógica en materia petrolera: tras la cadena nacional, la Cancillería abrió procedimientos contra unas 45 personas y empresas vinculadas a hidrocarburos, sumando posteriormente a otros 15 actores entre proveedores y accionistas. El foco principal en ese sector se concentra en Sea Lion, el proyecto operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
Los desafíos particulares de la industria pesquera
A diferencia del negocio petrolero, la pesca representa un entramado de mayor complejidad institucional y económica, ya que constituye históricamente una de las principales fuentes de ingresos fiscales para las islas. El sistema de licencias otorgado por la administración británica opera desde hace décadas, facilitando la presencia de numerosas embarcaciones durante las temporadas de captura en el Atlántico Sur.
Si bien la Argentina cuenta con antecedentes normativos -como el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca, vigente desde 2008, que inhibe a permisionarios locales de mantener vínculos económicos con quienes operen en Malvinas sin aval nacional-, la nueva redacción gubernamental discute cuán profundo será el alcance sobre los múltiples nexos empresariales y de beneficio económico indirecto. Una aplicación amplia de estas penalidades exige un trabajo minucioso de trazabilidad jurídica para determinar las responsabilidades comerciales de cada actor involucrado.
Refuerzo en el control del Atlántico Sur
En paralelo a la discusión legislativa, el Ejecutivo nacional ha mostrado una postura más rigurosa en cuanto al control de los espacios marítimos. Durante el transcurso de 2026, cinco buques extranjeros fueron sancionados por desarrollar operaciones extractivas dentro de la Zona Económica Exclusiva sin la debida autorización.
Estas acciones se complementan con un incremento en las tareas de monitoreo electrónico por parte de la Prefectura Naval y proyectos orientados a potenciar la vigilancia desde Tierra del Fuego mediante la incorporación de radares, telecomunicaciones y sistemas avanzados de información marítima. Todo ello se cruza en el Parlamento con debates paralelos sobre marina mercante, cabotaje y la flexibilización de costos vinculados al transporte fluvial y marítimo.
Reino Unido al asecho
La iniciativa de profundizar el alcance de las sanciones ocurre en momentos de creciente tensión entre los gobiernos de Argentina y el Reino Unido.
En una comparecencia ante Cámara de los Comunes, el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, afirmó que será “implacable” en la defensa del control británico sobre las Malvinas, al tiempo que anunció un incremento en el presupuestomilitar, el cual pasará a ser el más elevado desde la época de la Guerra Fría.
En ese sentido, la líder conservadora Kemi Badenoch, declaro que “No es ningún misterio que Argentina está ahora amenazando a las Malvinas y tenemos que mostrar que la soberanía de este territorio británico no es negociable”.
R.M.
Comentarios
Moderamos según el Estatuto Editorial
Todavía no hay comentarios. Abrí la conversación.