El Gobierno propone eliminar las contribuciones obligatorias que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), lo que genera resistencia en el sector. La medida forma parte de un paquete de desregulaciones que busca abrir un fuerte debate con empresarios y entidades productivas.
El Gobierno avanza con un nuevo paquete de desregulaciones que alcanzará distintos sectores de la economía, incluyendo el agro. Uno de los cambios más polémicos es la propuesta de eliminar las contribuciones obligatorias que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). El borrador del proyecto, que todavía no ha ingresado al Congreso, sugiere que el IPCVA pase a sostenerse mediante aportes voluntarios y la prestación de servicios comerciales.
La noticia ha generado resistencia en la cadena cárnica, que defiende el modelo vigente y advierte que la medida pondría en riesgo una herramienta clave para la apertura de mercados, la promoción internacional y la competitividad de la carne argentina. El presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt, expresó su sorpresa ante la propuesta y destacó la importancia del instituto para la promoción de la carne argentina en el exterior.
«Hemos trabajado muy bien con el Estado en distintas acciones conjuntas. El IPCVA trabaja permanentemente con Cancillería, con las embajadas y en la promoción de la carne argentina en el exterior», afirmó Breitschmitt. El dirigente también rechazó la idea de que el aporte obligatorio encarece la carne, argumentando que «podemos demostrar con números que eso no es así».
La preocupación no se limita al IPCVA. Entidades rurales, frigoríficos y gobiernos provinciales también han cuestionado la propuesta. Carlos Odriozola, directivo de la Sociedad Rural Argentina, sostuvo que transformar el aporte en voluntario pondría en riesgo el funcionamiento del instituto. «Si uno no paga y el vecino tampoco, el sistema deja de funcionar», argumentó.
La Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (AFIC) también se pronunció en contra de la medida, argumentando que modificar los aportes obligatorios pondría en riesgo actividades como los relevamientos estadísticos, estudios de mercado, campañas sanitarias y la promoción internacional de la carne argentina.
El ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, pidió que cualquier modificación surja del consenso con el sector. «Puede haber ideas de cambio, pero algunas demuestran un profundo desconocimiento de la realidad», expresó. Busso consideró que eliminar el actual esquema de financiamiento implicaría debilitar la promoción internacional de la carne argentina.
Las entidades también argumentan que ninguno de los organismos equivalentes al IPCVA en los principales países exportadores funciona con aportes voluntarios. Según la documentación difundida por el propio instituto, Estados Unidos, Australia, Uruguay y el Reino Unido financian sus organismos de promoción mediante contribuciones obligatorias establecidas por ley.
El cambio sobre el IPCVA forma parte de un paquete más amplio de desregulaciones que incluye la eliminación de la obligación de que los productos veterinarios importados comiencen a fabricarse en el país dentro de los cuatro años posteriores a su autorización y la flexibilización de los contratos de alquiler de campos y los acuerdos de producción asociativa. Sin embargo, el punto que mayor rechazo ha despertado dentro de la cadena de la carne es la intención de reemplazar un sistema de financiamiento obligatorio por otro voluntario, una propuesta que el sector considera incompatible con el funcionamiento de los organismos de promoción que utilizan los principales competidores de la Argentina en el mercado internacional.
