La Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente aprobó un nuevo protocolo que incorpora aportes de comunidades indígenas. El objetivo es fortalecer la participación efectiva y la adecuación cultural en proyectos mineros.
La Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza aprobó y publicó un nuevo Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) para proyectos mineros. Este protocolo es el resultado de un proceso participativo que involucró a comunidades indígenas de toda la provincia durante más de un año.
Según el coordinador del Área de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Minería, Javier Frías, «la participación de los distintos actores con variados aportes productivos permitió fortalecer este instrumento». El nuevo protocolo incorpora modificaciones surgidas de las observaciones y propuestas formuladas durante las instancias de diálogo intercultural impulsadas por la Autoridad Minera.
El proceso de revisión comenzó después de que la Organización Identidad Territorial Malalweche presentara un recurso administrativo contra la primera versión del protocolo, aprobada en 2025. Luego, el Ministerio de Energía y Ambiente decidió abrir una instancia de revisión participativa para enriquecer el instrumento con los aportes de las comunidades indígenas.
El proceso de revisión
Durante el proceso de revisión, se desarrollaron mesas de diálogo intercultural en Mendoza y Malargüe, instancias de deliberación, períodos de recepción de observaciones y reuniones presenciales y virtuales. Participaron representantes de comunidades indígenas, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Consejo de Participación Indígena (CPI), la Dirección de Derechos Humanos, la Fiscalía de Estado y otros organismos provinciales y nacionales, así como organizaciones y veedores especializados.
Modificaciones incorporadas
La versión definitiva del protocolo incorpora varias modificaciones concretas, como el principio de flexibilidad, que permite adaptar el procedimiento a las características territoriales, culturales y organizativas de cada comunidad indígena. También se ampliaron los plazos previstos para las distintas etapas del proceso, con la posibilidad de establecer prórrogas debidamente fundamentadas.
Además, el nuevo texto prevé la participación de facilitadores, intérpretes, mediadores interculturales, veedores y apoyos técnicos especializados, con el objetivo de garantizar la comprensión de la información, la igualdad de condiciones y una participación efectiva durante todo el proceso de consulta. El protocolo también incorpora una regulación más precisa de las etapas de deliberación comunitaria y de la forma en que cada comunidad podrá expresar su voluntad de acuerdo con sus propios mecanismos de organización.
Fortalecimiento de la buena fe y la transparencia
«El procedimiento de revisión se desarrolló respetando los estándares previstos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Acuerdo de Escazú, la Ley General del Ambiente y la legislación provincial, garantizando un proceso amplio, transparente e intercultural», concluyó el coordinador Javier Frías. El nuevo protocolo busca fortalecer la buena fe, la transparencia, la adecuación cultural del procedimiento y el seguimiento de los acuerdos alcanzados.
