Las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, con el respaldo de Corrientes, elevaron un reclamo formal al Gobierno nacional para que denuncie a la Unión Europea (UE) ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). El conflicto surge por la intención del bloque europeo de catalogar a la soja argentina como un insumo de «alto riesgo» ambiental, una medida que los distritos productivos consideran una barrera paraarancelaria encubierta.
La controversia se centra en el criterio de Cambio Indirecto del Uso del Suelo (ILUC) que pretende aplicar Europa. Bajo esta normativa, el biodiésel derivado de la soja argentina no podría ser contabilizado para las metas de descarbonización de los países miembros de la UE. En la práctica, esto anularía el interés de los compradores europeos, poniendo en jaque exportaciones valuadas en 400 millones de dólares anuales y miles de puestos de trabajo en el sector agroindustrial nacional.
Una «trampa regulatoria» tras el acuerdo comercial
Desde la Región Centro advirtieron que esta normativa vacía de contenido el reciente acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Mientras el tratado establece un arancel cero para el biocombustible, la nueva exigencia ambiental funcionaría como un bloqueo fáctico. «Es una trampa regulatoria que impide el acceso real al mercado», señalaron fuentes provinciales durante la muestra Expoagro, donde se definió la estrategia a seguir.
El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, lidera la iniciativa para conformar una «task force» público-privada. El objetivo es elaborar un dossier técnico-jurídico que demuestre la falta de sustento científico de la medida europea. Los gobernadores de la región buscan ahora una audiencia con la Cancillería para coordinar la defensa en los tribunales internacionales.
Antecedentes y fundamentos legales
La Argentina ya tiene experiencia victoriosa en este tipo de disputas. En 2016, el país logró que la OMC fallara en contra de las medidas proteccionistas de la UE, que en aquel entonces había impuesto derechos antidumping injustificados. Aquel precedente obligó a Europa a reabrir sus puertas a la producción local tras demostrarse la inconsistencia de sus argumentos técnicos.
Actualmente, los ministros de producción de las provincias involucradas —Gustavo Puccini (Santa Fe), Sergio Busso (Córdoba), Guillermo Bernaudo (Entre Ríos) y Walter Chávez (Corrientes)— sostienen que la medida:
- Carece de una metodología transparente y objetiva.
- Funciona como una restricción cuantitativa encubierta.
- Viola los principios de no discriminación de la OMC.
La industria del biodiésel es estratégica para el país, especialmente para Santa Fe, que concentra el 80% de la capacidad de producción instalada. La decisión de avanzar hacia un panel de consultas en la OMC busca proteger un mercado que, de cerrarse, afectaría gravemente el ingreso de divisas y la estabilidad de la cadena de valor sojera.
