El fondo busca reabrir la disputa contra Argentina ante el tribunal del Banco Mundial
Tras el fallo favorable obtenido por la República Argentina en los tribunales de Nueva York, la contienda legal por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo. Burford Capital, el fondo que financió la demanda contra el Estado nacional, notificó oficialmente su intención de llevar el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
La estrategia de Burford apunta a no dar por terminada la batalla judicial pese a la resolución de la justicia estadounidense. En este marco, el fondo solicitó a la jueza Loretta Preska autorización para reutilizar la información obtenida durante la etapa de discovery (recolección de pruebas) en Nueva York, con el objetivo de acelerar los tiempos y reducir costos operativos en el nuevo proceso arbitral.
Desde la Procuración del Tesoro, encabezada por el cuerpo de abogados del Estado, recibieron la notificación sin sorpresa. Fuentes oficiales indicaron que el escenario ya estaba contemplado en la planificación legal y que se vienen preparando documentos técnicos desde hace más de un año para enfrentar esta instancia. «El proceso seguirá su curso y estamos listos para defender la posición del país», señalaron desde el organismo.
Aunque el foco se desplaza hacia el arbitraje internacional, la vía neoyorquina aún no está agotada formalmente. Burford y Eton Park tienen plazo hasta el 8 de mayo para pedir una revisión en banc ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. Si este recurso —que implica la revisión de todos los jueces del tribunal y no solo de una sala— fracasara, les quedaría una última instancia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Sin embargo, especialistas en derecho internacional consideran que las chances de que el máximo tribunal estadounidense tome el caso son mínimas, dado que el litigio se centra en interpretaciones del derecho argentino y no en cuestiones de relevancia para el derecho federal de ese país.
La base legal para acudir al Ciadi radica en el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) firmado entre Argentina y España en 1991. Burford sostiene su legitimidad en haber adquirido los derechos litigiosos de las empresas Petersen, constituidas originalmente en España.
Por su parte, la defensa de Argentina cuenta con un argumento central: cuestionar la naturaleza de dichas empresas. El Estado sostiene que las firmas del grupo Petersen, vinculadas a la familia Eskenazi, no poseían una estructura operativa real en España, lo que las invalidaría como «inversores extranjeros» protegidos por el tratado.
