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Córdoba digitaliza la gestión minera para agilizar los procesos administrativos

La Legislatura de Córdoba dio un paso decisivo hacia la modernización del Estado al sancionar una reforma integral al Código Minero provincial. El cambio normativo busca desterrar definitivamente la burocracia del sector mediante la implementación de expedientes electrónicos y notificaciones digitales en todos los trámites del rubro.

El proyecto, impulsado originalmente por la legisladora María Victoria Busso, modifica diversos artículos de la Ley 5.436. El corazón de la iniciativa radica en otorgar plena validez legal a las presentaciones digitales, equiparándolas al soporte papel. Con esta medida, el gobierno provincial pretende eliminar los históricos cuellos de botella que ralentizaban las resoluciones técnicas en las oficinas públicas.

Uno de los pilares de la nueva ley es la obligatoriedad de utilizar la plataforma Ciudadano Digital (CiDi). A través de esta herramienta, todos los actores del sector deberán constituir un domicilio electrónico administrativo, lo que garantiza la trazabilidad de cada expediente y una mayor transparencia en el manejo de la información.

La transición hacia este modelo no solo busca eficiencia, sino también seguridad jurídica. Al unificar los criterios digitales, el Estado cordobés apuesta a optimizar sus tiempos de respuesta sin afectar las garantías procesales ni el derecho de defensa de las partes involucradas.

Desde el Poder Ejecutivo, el secretario de Minería, Gustavo Caranta, subrayó que esta transformación digital aportará «previsibilidad, transparencia y agilidad» al sector. Según el funcionario, la reducción de los plazos procesales permitirá crear un entorno más competitivo para atraer inversiones productivas a la provincia.

Durante el debate en la sesión presidida por Juan Manuel Llamosas, se destacó que la norma deroga artículos que habían quedado obsoletos ante el avance tecnológico. En la discusión también participaron referentes de Geología y equipos legales, quienes supervisarán que la migración hacia la gestión remota se realice bajo estrictos estándares de seguridad informática.

Con esta reforma, Córdoba consolida un esquema de gestión íntegramente remoto, facilitando el acceso a la información pública y simplificando el vínculo entre las empresas mineras y la administración provincial.