La Corte Suprema de Justicia confirmó la cautelar que obliga al gobierno a aplicar la ley de Financiamiento Universitario. El fallo mantiene la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles en las universidades públicas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves dejar firme la cautelar que obliga al gobierno de Javier Milei a cumplir con la ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Esta decisión se produce después de que el ministerio de Educación, liderado por Sandra Pettovello, firmara un acuerdo con las universidades públicas para destrabar el conflicto por el financiamiento del sistema educativo.
Antecedentes del caso
El conflicto por el financiamiento del sistema educativo llevó a las universidades a iniciar una disputa judicial que culminó con la presentación de una acción de amparo colectivo por parte del Consejo Interuniversitario Nacional y de distintas universidades nacionales. La justicia contencioso administrativo federal ordenó al gobierno que cumpliera de inmediato con una parte de la ley, específicamente con los artículos 5 y 6, referidos a la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y a la recomposición de todos los programas de los estudiantes.
Acuerdo entre el gobierno y las universidades
A principios de mes, el ministerio de Educación firmó un acuerdo con las universidades públicas para destrabar el conflicto. El entendimiento establece una recomposición salarial del 24,33% para el sector universitario. El acuerdo fue suscrito por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes.
Fallo de la Corte Suprema
La Corte Suprema rechazó el recurso del gobierno, lo que mantiene la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles en las universidades públicas. El fallo representa un aval a la legislación y al Parlamento, y confirma la cautelar que obliga al gobierno a aplicar la ley de Financiamiento Universitario. El gobierno había vetado la ley anteriormente, pero el Congreso insistió en su sanción y, una vez promulgada, el Ejecutivo subordinó su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento.
