Esta acción judicial contra Mercado Pago podría beneficiar a unas 7 millones de personas.
El sector de las billeteras virtuales y la provisión de créditos digitales en la Argentina atraviesa un momento de fuerte tensión judicial. La plataforma Mercado Pago ha sido formalmente blanco de una demanda orientada a frenar el presunto cobro de intereses abusivos y desproporcionados, los cuales, según las mediciones técnicas difundidas, superan con creces el umbral del 1300% en términos anuales.
El expediente legal se encuentra radicado en el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires. La acción judicial fue impulsada y estructurada por el abogado Diego Espasandín, quien ejerce como fundador de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA). “Es una persona que pidió un préstamo por 8.000 pesos y terminó con una deuda de 127.000. Lo analizamos y vimos que el interés superaba con creces lo que establece la Justicia”, comentó Espasandín en entrevista concedida a Radio 750.
El planteamiento principal de la organización sostiene que los costos financieros exigidos a los usuarios que recurren a líneas de financiamiento a través de la aplicación representan cifras confiscatorias e incompatibles con el marco de protección al consumidor.
De acuerdo con los argumentos expuestos en la demanda, una porción significativa de las personas que utilizan estos créditos lo hace impulsada por la necesidad de resolver contingencias económicas acuciantes e imprevistos cotidianos. Sin embargo, en la práctica, terminan asumiendo cargas financieras desmedidas que agravan su situación patrimonial en lugar de ofrecerles una solución sustentable.
El alcance de la presentación judicial busca trascender los casos individuales que le dieron origen. Si bien el proceso comenzó a partir de dos presentaciones particulares, la estrategia legal delineada por ACFRA persigue un efecto expansivo y colectivo. El objetivo central de la demanda es que la Justicia analice minuciosamente los montos aplicados por la compañía durante los últimos tres años. En caso de dictarse un fallo favorable, la resolución obligaría a la devolución de todas aquellas sumas que hubiesen sido percibidas de manera indebida.
Los cálculos preliminares de la organización estiman que una eventual sentencia con alcance colectivo en esta causa podría beneficiar de forma directa a unos 7.000.000 de personas en todo el territorio argentino que se encuentran en idénticas condiciones frente a la plataforma.
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R.M.




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