Amnistía Internacional denuncia crímenes de lesa humanidad en El Salvador bajo el régimen de excepción impuesto por Nayib Bukele. Al menos 470 personas han muerto bajo custodia estatal y 90.000 han sido detenidas desde 2022.
Denuncia de Amnistía Internacional
La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) denuncia que el elevado número de muertes en El Salvador bajo el régimen de excepción impuesto por Nayib Bukele podría constituir crímenes de lesa humanidad. Según un informe publicado recientemente, al menos 470 personas han muerto bajo custodia estatal y 90.000 han sido detenidas desde 2022. Además, miles de familias desconocen el paradero de sus seres queridos.
Régimen de excepción
El régimen de excepción, implementado como medida temporal para combatir la violencia de las pandillas, se ha transformado en una política que podría incumplir el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La ONG asegura que este régimen supone un «ataque generalizado y sistemático» contra la población civil, con detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia.
Información del informe
El informe de Amnistía Internacional revela un sistema de cuotas de detención por parte de los agentes, el uso de bases de datos desactualizadas y criterios socioeconómicos y territoriales para realizar capturas arbitrarias masivas. Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) entrevistado por AI relata que «en numerosos casos, nadie revisa si las capturas son legales o no. Nosotros solo llevamos a la gente, la Fiscalía recibe el paquete y ya. No hay juez que vea nada en ese momento».
Condiciones de los detenidos
El informe documenta cómo durante las audiencias judiciales, los argumentos de arraigo presentados por las defensas son frecuentemente descartados sin una valoración individualizada suficiente. Esto ha contribuido a convertir la detención provisional en una medida prácticamente automática y no excepcional. Además, se registran patrones de tortura, incomunicación prolongada y negación sistemática de atención médica.
Declaraciones de Amnistía Internacional
«El Estado tiene la obligación de proteger a la población frente a la violencia criminal y de investigar y sancionar los delitos cometidos por las pandillas, pero esa obligación no autoriza la comisión de graves violaciones de derechos humanos», afirma Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. «La experiencia salvadoreña demuestra el enorme riesgo de normalizar modelos de seguridad que prometen resultados inmediatos bajo un enfoque meramente represivo, sin considerar las salvaguardas del debido proceso ni el respeto a los derechos humanos».
Contexto y consecuencias
El régimen de excepción se implementó en marzo de 2022, después de que se registraran más de 60 muertes violentas en el país a causa de las pandillas. Desde entonces, el gobierno asegura que la tasa de homicidios ha disminuido drásticamente, y que se han detenido a más de 91.000 pandilleros o personas ligadas a las bandas. Sin embargo, Amnistía Internacional y otras organizaciones han denunciado que en el marco de este régimen se han cometido crímenes de lesa humanidad. La medida cuenta con el apoyo del 85% de la población, según las encuestas.
