En un nuevo paso hacia la desregulación de la economía, el Gobierno Nacional oficializó la derogación de una normativa vigente desde 2012 que imponía severas restricciones a la propiedad intelectual en el sector farmacéutico. A través de una resolución conjunta publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se dejó sin efecto el manual de «Pautas para el examen de patentabilidad», devolviéndole al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) la facultad discrecional de analizar cada solicitud caso por caso.
La medida lleva las firmas de los ministros de Salud, Mario Lugones, y de Economía, Luis Caputo, junto al titular del INPI, Carlos María Gallo. Con este cambio, el organismo ya no estará atado al «decálogo» técnico de la era kirchnerista, que para muchos especialistas funcionaba como un filtro ideológico y burocrático que impedía de hecho el otorgamiento de nuevas patentes en el país.
El impulso de la desregulación
Aunque no figura formalmente en el texto, la impronta de Federico Sturzenegger es clara. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado celebró la noticia asegurando que la normativa anterior era un «atentado contra el derecho de propiedad» que dificultaba la llegada de terapias innovadoras a la Argentina.
Según el funcionario, la derogación alinea al país con los estándares internacionales de sus principales socios comerciales, especialmente con Estados Unidos. Este movimiento se interpreta como un gesto clave en el marco de las negociaciones bilaterales para que la industria farmacéutica argentina logre un mayor acceso al mercado norteamericano.
El «puerto seguro» y la controversia legal
Un punto que ha despertado especial atención en el sector privado es el artículo 2° de la nueva norma. Este establece que, para aquellas patentes que se concedan a partir de ahora sobre productos que ya se comercializan en el mercado local, los titulares no podrán impedir su venta ni exigir retribuciones o regalías retroactivas.
Expertos del estudio Marval, O’Farrell & Mairal definieron esta cláusula como un «safe harbor» (puerto seguro). El objetivo es proteger a los laboratorios que lanzaron productos durante la vigencia de las restricciones derogadas, evitando una ola de juicios por daños y perjuicios. Sin embargo, los mismos especialistas advierten que este punto podría enfrentar cuestionamientos sobre su validez constitucional, ya que limita los derechos económicos derivados de una patente una vez que esta es otorgada.
Impacto en el mercado
Hasta ayer, las directrices de 2012 obligaban al INPI a seguir criterios de evaluación extremadamente rígidos que solían terminar en el rechazo de las invenciones químico-farmacéuticas. Bajo el nuevo esquema:
- Evaluación individual: El INPI recupera la autonomía para aplicar la Ley de Patentes de forma técnica y directa.
- Seguridad jurídica: Se busca atraer inversiones de laboratorios internacionales que antes evitaban registrar sus desarrollos en el país por la falta de protección.
- Continuidad comercial: Se garantiza que los medicamentos que ya están en las farmacias no sufran interrupciones en su suministro pese a los nuevos registros de propiedad intelectual.
