El Poder Ejecutivo formalizó este jueves el envío al Congreso de la Nación del proyecto denominado «Ley Hojarasca». La iniciativa, que cuenta con el fuerte impulso del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, propone la eliminación de aproximadamente 70 leyes que la actual administración considera anacrónicas, superfluas o directamente incompatibles con los preceptos de la Constitución Nacional.
Este movimiento legislativo busca realizar una «limpieza» profunda del ordenamiento jurídico argentino. El texto presentado retoma la base de la propuesta original de octubre de 2024, que en su momento no logró avanzar en el recinto y perdió estado parlamentario. Ahora, el oficialismo insiste en la necesidad de depurar un sistema normativo que acumula regulaciones dictadas desde 1864 hasta nuestros días.
Desde la cartera de Sturzenegger argumentan que la acumulación de estas normas en desuso no es neutral: genera costos ocultos para los ciudadanos, entorpece la actividad privada y mantiene vigentes privilegios sectoriales o restricciones a las libertades individuales que ya no tienen razón de ser en el siglo XXI.
El proyecto organiza las derogaciones en seis categorías principales. Entre los puntos más llamativos de la «limpieza» legal se encuentran:
- Leyes superadas por la tecnología: Se plantea suprimir normas que regulaban la microfilmación de documentos en el ámbito militar o las primeras disposiciones sobre la televisión a color, hoy totalmente desfasadas.
- Normas de salud y seguridad antiguas: Figuran en el listado la vieja ley de vacunación contra la viruela y regulaciones de seguros agrícolas que perdieron vigencia fáctica hace décadas.
- Control social y político: El Ejecutivo busca eliminar artículos que penalizan la promoción de sanciones contra el país o aquellos que permiten al Estado intervenir en reuniones de carácter privado, por considerarlos contrarios a los principios constitucionales.
- Burocracia innecesaria: Se apunta contra la exigencia de carnets específicos para viajar como «mochilero», permisos de circulación especiales para legisladores y controles de contenidos en medios que ya han sido superados por legislaciones más modernas.
Además, la «Ley Hojarasca» contempla el cierre definitivo de estructuras estatales que, aunque figuran en los papeles, no funcionan en la práctica, así como el corte de financiamiento público a diversas entidades sectoriales que, de aprobarse la ley, deberán autofinanciarse.
Con este proyecto, el Gobierno apuesta a una simplificación administrativa que, según sus proyecciones, reducirá la carga operativa del Estado y facilitará la interacción de los particulares con el entramado legal vigente. El debate ahora queda en manos de las comisiones parlamentarias, donde se definirá el futuro de este paquete de desregulación.
