El Ministerio conducido por Federico Sturzenegger ultima un proyecto de ley que busca eliminar la matrícula obligatoria y flexibilizar los honorarios para bajar costos transaccionales. La iniciativa genera fuertes divisiones en el sector.
El Gobierno nacional avanza en la redacción de un nuevo paquete de reformas estructurales destinadas a profundizar la desregulación de la economía. El proyecto, diseñado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado bajo la conducción de Federico Sturzenegger, contempla modificaciones en áreas estratégicas como la comercialización de medicamentos, el cabotaje naviero y el negocio inmobiliario, y prevé ser enviado al Congreso en el corto plazo.
En lo que respecta al mercado inmobiliario, la iniciativa apunta a revisar normativas vigentes desde hace décadas con el objetivo de reducir costos operativos, fomentar la competencia y facilitar el ingreso de nuevas plataformas tecnológicas.
Según adelantó el propio Sturzenegger en un encuentro organizado por Reporte Inmobiliario en la UCA, el proyecto oficial busca eliminar «privilegios» y barreras de entrada que encarecen las transacciones. Entre los puntos principales destacan:
- La eliminación de los honorarios mínimos obligatorios.
- La revisión de la matriculación obligatoria para ejercer la actividad.
- La flexibilización de restricciones para la intermediación digital.
- La apertura del mercado a operadores tecnológicos y plataformas Proptech.
Actualmente, el corretaje opera bajo regulaciones provinciales que exigen título universitario y matrícula habilitante expedida por colegios profesionales. La reforma propone flexibilizar estas exigencias para que cualquier persona pueda intermediar en operaciones inmobiliarias sin necesidad de acreditar formación específica ni inscripción obligatoria.
Desde los sectores que respaldan la iniciativa sostienen que el esquema actual limita el comercio y encarece los procesos para compradores, vendedores e inquilinos.
«Como toda desregulación, permitiría la competencia de nuevos actores y rompería con una anomalía argentina que tiene que ver con haber transformado una actividad comercial en una profesión científica», señaló Jorge Amoreo Casotti, CEO de la firma PINT.
El empresario defendió la validación mediante herramientas digitales y reputación online por sobre las estructuras tradicionales: «Hoy la transparencia y la seguridad jurídica no pasan por un número de matrícula detrás de un apellido, sino por la trayectoria, las buenas prácticas y la trazabilidad».
Por otro lado, diversos especialistas y referentes del sector expresaron su preocupación ante los riesgos que podría acarrear una apertura total sin controles estatales mínimos.
Diego Álvarez Espín, economista, abogado y fundador de Mercadoinmobiliario (MI), planteó que una operación involucra complejidades fiscales y patrimoniales que exceden la simple publicación de un inmueble.
«El mercado necesita más competencia, modernización y menores costos, pero eso no puede implicar pérdida de seguridad jurídica. Lo razonable sería avanzar hacia un sistema mixto con libertad, pero también con estándares mínimos de idoneidad y responsabilidad», analizó Álvarez Espín.
La postura más crítica provino de Marta Liotto, presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario porteño, quien defendió enfáticamente el rol de la matrícula obligatoria.
«El corretaje inmobiliario no funciona como una actividad comercial tradicional. Existe una responsabilidad profesional vinculada a brindar seguridad jurídica», afirmó Liotto, y advirtió: «El principal problema no recae en los corredores, sino en los ciudadanos. Permitir el ingreso de personas no calificadas puede derivar en errores, fraudes y malas prácticas».
Desde la recién creada Mesa de la Industria Inmobiliaria, su referente Alejandro Bennazar sugirió que la discusión no debe limitarse a los honorarios o las regulaciones de los corredores, sino que debe abordar problemas de fondo como el financiamiento y la burocracia estatal.
Bennazar argumentó que el mercado local ya es altamente competitivo dado que «cualquier persona puede comprar, vender o alquilar de forma particular». Asimismo, concluyó que las verdaderas complejidades del sector radican en el plano administrativo: «Hay proyectos que pueden demorarse años entre aprobaciones y trámites administrativos. Eso termina afectando toda la actividad».
