La administración de Javier Milei decidió avanzar con sanciones económicas de gran escala contra los gremios La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida responde al incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada durante el paro nacional convocado por la CGT el pasado 19 de febrero, una jornada que, según estimaciones oficiales, representó un costo de 575 millones de dólares para el país.
Desde la Secretaría de Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, confirmaron que ya se iniciaron los sumarios administrativos tras verificar que ambas organizaciones desoyeron la orden de frenar las medidas de fuerza. Las cifras que se barajan son récords: el sindicato de los conductores de trenes podría afrontar una multa de 21.000 millones de pesos, mientras que para el gremio de los colectiveros la penalización rondaría los 70.000 millones de pesos.
El marco normativo que sustenta esta decisión se basa en la Ley N° 25.212. Según explicaron fuentes oficiales, las infracciones laborales de este tipo conllevan multas que oscilan entre el 50% y el 2000% del Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada trabajador afectado. El monto final de la sanción dependerá de la cantidad de afiliados involucrados y del momento exacto en que se constató el incumplimiento de la norma.
Más allá del fuerte impacto financiero, el Gobierno advirtió que las consecuencias podrían ser institucionales. La legislación vigente prevé que, ante la violación sistemática de la conciliación obligatoria, el Estado tiene la facultad de solicitar la quita de la personería gremial de las organizaciones infractoras.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) salieron al cruce de la medida, calificándola como un acto de «persecución política y sindical». Para la central obrera, la decisión del Ejecutivo busca disciplinar a los gremios del transporte, piezas clave en la logística de cualquier medida de fuerza nacional.
Por su parte, la gestión de Julio Cordero en Trabajo ratificó que el objetivo de estas penalidades es garantizar el cumplimiento del sistema de relaciones laborales. La conciliación obligatoria es la herramienta legal que obliga a las partes en conflicto a retrotraer sus acciones y negociar durante un período de 15 días (prorrogables por otros cinco). Al romper esta tregua administrativa, los sindicatos quedaron expuestos a las sanciones que ahora el Ministerio de Capital Humano busca ejecutar de forma efectiva.
