A través de la publicación del Decreto 242/2026 en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo puso en marcha el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Esta herramienta busca dinamizar la actividad económica mediante beneficios fiscales y condiciones de previsibilidad para las micro, pequeñas y medianas empresas que decidan apostar por proyectos productivos en el país.
La normativa lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Con esta reglamentación, se establecen finalmente los requisitos técnicos y los alcances operativos para que las empresas puedan acceder a las ventajas impositivas contempladas en la Ley 27.802.
El propósito central del RIMI es apuntalar la competitividad de los diversos sectores industriales y de servicios. Según el documento oficial, el Gobierno espera que este incentivo se traduzca en:
- Un incremento genuino en la generación de empleo.
- El fortalecimiento del desarrollo económico federal.
- Un salto cualitativo en el volumen de las exportaciones de bienes y servicios.
A diferencia de otros regímenes de mayor escala, como el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), el RIMI está diseñado específicamente para el entramado pyme, que representa el mayor porcentaje de empleadores en la Argentina. Las empresas interesadas deberán cumplir con planes de inversión mínimos y criterios de sostenibilidad que serán evaluados por las autoridades de aplicación.
El decreto define además los lineamientos para la estabilidad fiscal por un período determinado, lo que pretende otorgar un marco de seguridad jurídica frente a posibles cambios en la estructura tributaria. Con esta medida, el equipo económico busca acelerar la reactivación en sectores clave como la manufactura, la tecnología y el agrovalor, facilitando la renovación de bienes de capital y la expansión de la capacidad instalada.
