La trama judicial que investiga presuntas irregularidades financieras en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó una definición clave en las últimas horas. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, solicitó formalmente que otros tribunales le remitan los expedientes vinculados a la firma TourProdEnter LLC, la empresa radicada en Estados Unidos que se encuentra en el ojo de la tormenta por supuestos desvíos de dinero provenientes de contratos internacionales de la entidad madre del fútbol argentino.
A través de una resolución firmada este mes, el magistrado planteó una inhibitoria ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11. El argumento de González Charvay es que los hechos investigados en esas dependencias se superponen con la causa que él instruye, caratulada como «Pantano, Luciano Nicolás y otros s/infracción art. 303 CP», donde se rastrea un presunto esquema de lavado de activos.
La pesquisa en el juzgado de Campana no nació directamente en los despachos de la calle Viamonte, sino en un imponente predio ubicado en Villa Rosa, partido de Pilar. Allí, la justicia puso la lupa sobre una propiedad que cuenta con helipuerto, pista de entrenamiento equino, un haras de caballos árabes y una colección de autos de lujo.
Los investigadores intentan determinar si la fortuna de los responsables de la sociedad Real Central —titular del inmueble—, identificados como Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, puede justificarse legalmente. Tras una disputa de jurisdicción, la Cámara Federal de San Martín ratificó en enero que la causa debe tramitar en Campana, entendiendo que el presunto lavado se habría perfeccionado con la compra y las mejoras realizadas en el predio de Pilar.
El interés de González Charvay por las otras causas radica en el rol de TourProdEnter LLC, firma dirigida por Erica Gillette y vinculada al empresario Javier Faroni. Esta sociedad operaba como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior, encargada de negociar patrocinios y organizar eventos internacionales.
La justicia sospecha que millones de dólares derivados de estos contratos no habrían llegado a las arcas de la AFA, sino que habrían sido desviados hacia una red de sociedades pantalla en Florida, Estados Unidos, para luego reingresar al circuito financiero local de manera irregular.
El pedido de remisión también alcanza a la denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni. En este expediente se investiga una presunta administración fraudulenta que involucraría directamente a la cúpula de la AFA, mencionando al presidente Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino.
Según la denuncia de Tofoni, el perjuicio económico para la entidad podría ascender a los USD 300 millones, debido a ingresos por partidos amistosos y acuerdos comerciales que nunca fueron registrados en los libros contables de la asociación.
Pese al pedido del juez de Campana, la unificación de las causas no es automática. Si los juzgados de Lomas de Zamora y Capital Federal rechazan inhibirse, será una instancia superior la que deba dirimir quién se queda con el control de la investigación.
Mientras tanto, el caso también registra movimientos en la Cámara Federal de Casación Penal, donde la composición del tribunal sufrió cambios recientes luego de que el juez Daniel Petrone se apartara por su vínculo con uno de los empresarios mencionados en el expediente. Por el momento, la megacausa por los fondos de la AFA continúa su curso entre despachos y pedidos de competencia.
