El Senado debatirá un proyecto que busca modificar la ley de Tierras Rurales, generando resistencia dentro y fuera del Congreso. El objetivo es afianzar la propiedad privada, pero la oposición alerta sobre las implicancias para la soberanía nacional.
El proyecto en debate
El Senado se reúne este jueves para debatir la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con el oficialismo buscando anotarse un nuevo triunfo parlamentario. A pesar de las resistencias dentro y fuera del Congreso, el texto ha sufrido varias modificaciones desde su redacción original, con un total de 13 borradores circulando desde el 20 de mayo.
La ley actual y los cambios propuestos
La ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, limita la propiedad de la tierra en manos de extranjeros para preservar la soberanía sobre los recursos naturales. La normativa establece que las personas o empresas extranjeras no pueden ser dueñas de más del 15% del total de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, la ley pone límite por nacionalidad y prohíbe la venta a extranjeros de tierras que contengan cuerpos de agua permanentes y de importancia.
El proyecto del oficialismo busca modificar estas restricciones, con el objetivo de «afianzar lo establecido en la Constitución Nacional de la República Argentina» y establecer la propiedad como un derecho inalienable. Según el vocero presidencial Adrián Ravier, el objetivo es «levantar las restricciones generales a la adquisición de tierras rurales por extranjeros» y permitir que Argentina se beneficie de la inversión extranjera.
Las críticas y los reparos
A pesar del espíritu de la ley, los reparos estuvieron puestos en la letra chica del texto, especialmente en lo que respecta a la venta de tierras a otros Estados, empresas estatales extranjeras y tierras ubicadas en zonas fronterizas. La oposición alerta sobre las implicancias para la soberanía nacional y la seguridad del país.
La versión final del proyecto
Después de varias semanas de negociaciones, el texto ha adquirido una redacción que ha dejado conformes a los aliados del gobierno. El borrador establece que las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales son la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros y la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera. Sin embargo, se requiere autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional para la adquisición de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por extranjeros.
Con estos cambios, el oficialismo busca anotarse un triunfo en el Senado, pero la oposición sigue alertando sobre las implicancias para la soberanía nacional y la seguridad del país.
