La Justicia comenzó a investigar a Claudio ‘Chiqui’ Tapia por presunto enriquecimiento ilícito en su rol como presidente del CEAMSE.
La justicia argentina ha puesto en marcha una investigación formal contra Claudio “Chiqui” Tapia. El proceso se centra en un presunto enriquecimiento ilícito vinculado de manera directa al desempeño de Tapia como funcionario público dentro del CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), entidad interjurisdiccional encargada de gestionar los residuos sólidos urbanos y administrar el peaje del Camino del Buen Ayre.
La causa quedó formalmente bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, mientras que el impulso inicial del expediente recayó en el fiscal federal Gerardo Pollicita. Esta intervención judicial llega tras resolverse un conflicto de competencia entre tribunales que se definió en la Cámara Federal porteña.
Para esclarecer el origen y la evolución del patrimonio del dirigente, el fiscal Pollicita solicitó al magistrado un paquete inicial que comprende unas 20 medidas de prueba. Entre los requerimientos más destacados figuran el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil, además de la suspensión temporal del deber de reserva de la Unidad de Información Financiera (UIF). Con toda esta información, se buscará realizar un análisis financiero exhaustivo para contrastar las declaraciones juradas presentadas por Tapia, sus bienes, sus cuentas y su nivel real de consumo.
Asimismo, la fiscalía requirió que la Dirección Nacional de Migraciones aporte el detalle completo de las salidas del país del imputado y que el CEAMSE envíe de manera urgente el legajo personal de Tapia. Conviene recordar que los períodos bajo la lupa comprenden su paso por el directorio de la empresa pública desde el año 2016 hasta 2025 inclusive, lapso en el cual se desempeñó inicialmente como vicepresidente en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, posteriormente, como presidente por parte de la Provincia de Buenos Aires. En el marco de sus declaraciones ante el organismo, se había reportado una dedicación semanal de 15 horas y percepciones anuales declaradas que rondaban los 100 millones de pesos.

“Chiqui” Tapia.
El alcance de las medidas solicitadas por la fiscalía trasciende las fronteras nacionales. Al desempeñar también el rol de presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, la justicia estimó necesario indagar en los vínculos internacionales del dirigente deportivo. Por tal motivo, se solicitó librar un exhorto internacional dirigido a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), con sede en Asunción, Paraguay. El objetivo es que la institución detalle los cargos ocupados, montos percibidos, cuentas bancarias de acreditación y copias de declaraciones juradas si las hubiere. En la misma línea, se pidió consultar si mantiene o mantuvo cargos directivos o electivos en la FIFA y si percibió ingresos por ello.
El origen de esta causa penal se remonta al pasado 7 de abril, fecha en la que el empresario Guillermo Tofoni formalizó una denuncia en la que aseguraba que el patrimonio de Tapia se había incrementado de forma injustificada en un 1000% a lo largo de ocho años. Dicha presentación judicial se dio en un contexto de fuerte tensión y cruces legales, luego de que la firma World Eleven, vinculada a Tofoni, perdiera el contrato histórico que ostentaba para la organización y comercialización de los partidos amistosos de la Selección Argentina.
Este nuevo frente judicial se suma a los dolores de cabeza legales que enfrenta el mandamás del fútbol argentino. Conviene señalar que Tapia ya cuenta con un procesamiento firme en segunda instancia dictado por la Cámara del fuero penal económico bajo las órdenes del juez Diego Amarante- en otra causa por supuesta retención indebida de aportes por parte de la AFA, una cifra calculada en unos 19.000 millones de pesos, situación por la cual no se descarta que próximamente deba afrontar un juicio oral.
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R.M.




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