En medio de una fuerte polémica política y judicial, la jueza Marta Elba Pascual rompió el silencio tras dictar el fallo que suspende por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La medida, que frena temporalmente la ley que reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, fue adoptada tras hacer lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
En entrevista concedida a Now 97.9, la magistrada fundamentó su decisión en la profunda carencia de infraestructura y recursos materiales por parte del Estado provincial para contener el incremento de jóvenes que ingresarían al sistema penal. Lejos de rechazar conceptualmente la baja en la edad de imputabilidad, Pascual advirtió sobre los peligros de aplicar la norma sin la contención adecuada: «Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito».
Asimismo, la jueza remarcó que le parece «pésimo» que haya menores de edad tras las rejas en condiciones deficientes y cuestionó la efectividad de la medida en términos de seguridad ciudadana: «Yo soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad». Aclaró, además, que la suspensión no desprotege a las víctimas, recordando que la ley procesal vigente en la provincia ya otorga facultades a los jueces de garantías para privar de libertad a adolescentes de entre 14 y 16 años cuando la situación lo amerita.
El objetivo planteado por la magistrada para este período de 60 días es que los poderes del Estado acuerden los recursos reales con los que contarán los centros de detención, la supervisión de cada joven y la correcta implementación de medidas alternativas.
Reacciones políticas y pedido de juicio político
La resolución judicial generó inmediatas réplicas en el arco político nacional. Desde el Gobierno nacional, figuras como la senadora y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich criticaron duramente el fallo, acusando a la justicia provincial de «garantista» y de ponerse del lado de los delincuentes. En sintonía, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, también cuestionó la medida.
Frente a los cuestionamientos, Pascual retrucó: «Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el conurbano y quiero vivir tranquilamente».
La tensión escaló aún más cuando la coalición La Libertad Avanza anunció formalmente que impulsará un juicio político para destituir a la jueza Marta Elba Pascual, consolidando un escenario de alta crispación institucional en torno a la política criminal y carcelaria de la región.
R.M.
