El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se dispone a dar una batalla legislativa clave en el ámbito laboral. En los próximos días, enviará a la Legislatura un proyecto de ley diseñado para regular la actividad de las plataformas digitales —como Mercado Libre, Rappi y Pedidos Ya—, bajo una premisa que busca confrontar directamente con la desregulación promovida por el Gobierno Nacional.
La iniciativa, gestionada a través del Ministerio de Trabajo provincial liderado por Walter Correa, propone la creación de un Plan Integral y un Registro Provincial para trabajadores de plataformas. El objetivo central es garantizar condiciones de «trabajo decente», alineándose con los debates actuales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la economía de datos.
Los 10 puntos centrales de la iniciativa bonaerense
El proyecto de «contrarreforma» busca dotar al Estado provincial de un mayor poder de policía laboral sobre un sector que creció de forma exponencial, pero con escasa supervisión:
- Plan Integral Multiministerial: Una acción conjunta entre Trabajo, Salud, Seguridad y Transporte para abordar la actividad de forma transversal.
- Mesa de Coordinación: Creación de un espacio institucional para ajustar las políticas públicas a las necesidades reales de los repartidores.
- App propia de gestión: Desarrollo de una aplicación móvil (vinculada a Cuenta DNI) para que los trabajadores se registren y accedan a servicios.
- Botones de pánico y emergencia: La herramienta digital incluirá alertas directas a seguridad y salud ante accidentes viales.
- Censo y Registro: Inscripción obligatoria de los prestadores para que la Provincia tenga datos precisos de la población activa en el sector.
- Transparencia Algorítmica: Las empresas deberán informar sobre ingresos medios, horas trabajadas y cantidad de personal.
- Seguros a cargo de la empresa: Obligación de las plataformas de pagar seguros de vida, invalidez y asistencia médica.
- Control de «Dark Stores»: Inspección técnica en centros de distribución y las llamadas «tiendas invisibles» para asegurar condiciones de higiene.
- Paradores físicos: Exigencia de lugares de descanso con agua potable y sanitarios para los repartidores en los municipios.
- Beneficios vía Banco Provincia: Descuentos en repuestos y elementos de seguridad para quienes estén registrados.
Mientras Kicillof busca una intervención estatal fuerte, el presidente Javier Milei ha consolidado un esquema de «independencia absoluta» para estos trabajadores. Bajo la normativa nacional vigente, el repartidor es considerado un prestador independiente que debe gestionar su propia seguridad social y tributos (Monotributo), priorizando la libertad de conexión.
«La discusión no es solo local. Argentina llega a los debates de la OIT en junio con una postura clara: no se puede regular a todas las plataformas por igual sin afectar el crecimiento económico», explicó Laura Giménez, representante empresaria ante el organismo internacional.
El proyecto bonaerense se apoya en fallos recientes de la Suprema Corte de Justicia provincial, que ha comenzado a reconocer la naturaleza laboral de estos vínculos en ciertos casos, otorgando un marco jurídico a la avanzada de la gestión de Kicillof. Con esta ley, la Provincia busca establecer un «piso mínimo de protección» que, de aprobarse, obligará a las grandes tecnológicas a reconfigurar sus costos operativos en el territorio bonaerense.
