La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio un giro determinante en la batalla judicial por la reforma laboral impulsada por la gestión de Javier Milei. La Sala VIII del tribunal resolvió dejar sin efecto la medida cautelar que mantenía suspendidos más de 80 artículos de la denominada Ley de Modernización Laboral, lo que devuelve la operatividad inmediata a la norma en todo el territorio nacional.
La resolución lleva la firma de los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino, quienes consideraron que no se cumplen los requisitos legales para sostener la suspensión que pesaba sobre la ley. De esta manera, el tribunal revirtió el escenario planteado el pasado 30 de marzo, cuando el juez de primera instancia, Enrique Ojeda, había hecho lugar a un amparo presentado por la CGT, frenando el corazón de la reforma.
Para destrabar la aplicación de la ley, la Cámara se respaldó en la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado Nacional. Los magistrados entendieron que no se acreditaron circunstancias de excepcionalidad suficientes para mantener el bloqueo sobre los 83 artículos que habían sido cuestionados por la central obrera.
En la práctica, esto significa que las empresas y trabajadores ya pueden operar bajo el nuevo marco normativo, que incluye puntos clave como:
- La modificación del sistema de indemnizaciones (opción de fondo de cese laboral).
- La extensión del período de prueba.
- La eliminación de multas por falta de registro laboral, buscando incentivar la formalización.
- Nuevas figuras para el trabajo independiente y colaboradores.
El presidente Javier Milei no tardó en reaccionar a la noticia a través de sus redes sociales. Con su habitual estilo, el mandatario compartió un mensaje de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y sentenció: «No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. Viva la libertad carajo».
Desde el Ejecutivo consideran que este avance judicial es un espaldarazo vital para su hoja de ruta económica, argumentando que la flexibilización del mercado es la herramienta principal para reducir la litigiosidad y combatir la informalidad, que hoy afecta a millones de argentinos.
