El Poder Ejecutivo promulgó la ley que aprueba los acuerdos de conciliación con dos fondos acreedores, cerrando una de las demandas contra el Estado nacional. La medida reduce riesgos legales y pone fin a procesos de «Discovery» en el exterior.
El Poder Ejecutivo promulgó la ley 27.818, que aprueba los acuerdos de conciliación con dos fondos acreedores, Bainbridge Ltd y un grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. La medida se dispuso mediante el decreto 564/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Los acuerdos de conciliación alcanzan un monto de USD 67 millones con Bainbridge Ltd y USD 104 millones con el grupo de acreedores liderado por Attestor Value Master Fund LP. El proyecto de ley había sido remitido al Congreso el 20 de abril y fue sancionado por la Cámara de Diputados el 24 de junio, con 139 votos a favor y 97 en contra. La ley también había obtenido media sanción en el Senado con 40 votos a favor y 22 en contra.
Según el Gobierno, el acuerdo representa una quita de cerca del 35% y pone fin a dos de las demandas por el default llevadas a cabo por diferentes acreedores que no adhirieron a las restructuraciones de deuda posteriores al default. Además, la aprobación de los acuerdos de conciliación pone fin a los procesos de «Discovery» llevados a cabo por los dos fondos, que incluían la solicitud de información sobre las finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de Argentina.
Aunque el monto en cuestión no es significativo, la importancia de los acuerdos radica en la reducción de riesgos legales que podían derivar en nuevas medidas cautelares o acciones de embargo sobre activos argentinos en el exterior. Con esta medida, el Gobierno busca reducir la exposición del país a posibles demandas y embargos en el exterior.
