Codelco y la privada SQM en el Salar de Atacama. Este pacto establece una empresa conjunta (JV) que comenzará a operar en 2025 y se extenderá hasta 2060, consolidando un modelo de colaboración público-privada. El atractivo de este esquema es su aparente equilibrio: permite al Estado capturar una parte significativa de las rentas y mantener el control estratégico sobre un recurso vital, sin renunciar a la eficiencia operativa, el capital y la experiencia técnica que aporta el sector privado.
4. El sello verde: Cómo los criterios ASG se convirtieron en un requisito para la financiación
El cumplimiento de los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) ha dejado de ser un complemento opcional para convertirse en una estrategia de inversión central. Brasil lo demuestra con su impulso en el sector del níquel, donde busca alcanzar una cuota regional de aproximadamente el 16,6% para 2030 combinando su riqueza en recursos con “iniciativas ASG y de trazabilidad”. Esta estrategia de “cumplimiento primero” es una señal inequívoca para atraer capital alineado con la minería sostenible. Hoy, la conformidad con los estándares ASG y las condiciones de seguridad son factores que “definen la bancabilidad” de un proyecto. Esta estrategia no solo mitiga el riesgo reputacional, sino que desbloquea el acceso a “financiamiento verde” y capital de fondos de inversión que operan bajo mandatos ASG estrictos, convirtiendo el cumplimiento en una ventaja competitiva directa.
5. El Estado como socio: La nacionalización en México no cerró todas las puertas
Mientras Chile opta por un modelo de socio estratégico con control compartido, México presenta otra faceta del “nacionalismo de recursos”, donde el Estado actúa como operador principal pero deja la puerta abierta a la inversión privada bajo condiciones estrictamente definidas. La reciente reforma minera mexicana reforzó el control estatal sobre el litio, pero la realidad es más matizada que un cierre total. El proyecto Sonora, con un objetivo estratégico de producir aproximadamente 35.000 toneladas anuales para 2027, es el claro ejemplo: aunque el operador es la estatal LitioMx, el marco legal permite el desarrollo privado a través de modelos de empresa conjunta (JV). Este enfoque demuestra que el rol del sector privado no es eliminado, sino que pasa a depender de las prioridades y condiciones establecidas por el Estado.
Conclusión
En el competitivo mercado de minerales críticos de América Latina, la geología es solo el punto de partida. La gobernanza, la estrategia regulatoria y la capacidad de adaptación a nuevos paradigmas —como los modelos híbridos y el cumplimiento ASG— son los verdaderos diferenciadores del éxito. Con una demanda global que, según la Agencia Internacional de Energía (IEA), podría alcanzar un valor de aproximadamente $770 mil millones para 2040, lo que está en juego es inmenso. En este contexto, la pregunta estratégica para los inversores no es dónde se encuentra el mineral, sino dónde la inteligencia política y la previsibilidad regulatoria desbloquearán su valor. ¿Qué países o territorios demostrarán tener ambas para encabezar la próxima década de la transición energética?
