Un reciente informe de Poliarquía Consultores arroja luz sobre un cambio de paradigma en la opinión pública argentina. En medio del debate legislativo por la reforma de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con el visto bueno del Senado y avanza en Diputados, los ciudadanos muestran una apertura inédita hacia la actividad minera, aunque condicionada estrictamente al cuidado de los recursos hídricos.
El estudio, dirigido por el especialista Ernesto Cussianovich, revela que la asociación directa entre minería y «contaminación» ha caído drásticamente: del 48% registrado en 2025 al 33% en la actualidad. En su lugar, ganan terreno conceptos como producción (22%), desarrollo (19%) y empleo (15%). Este giro sugiere que, ante la crisis económica y la falta de oportunidades, la sociedad comienza a ver en los recursos naturales una vía de salida, siempre que se garantice la sostenibilidad.
El relevamiento, realizado sobre casi mil casos en todo el país a fines de febrero de 2026, indica que el 61% de los argentinos está a favor del desarrollo minero. Es una de las cifras de aceptación más altas de la última década. Sin embargo, este entusiasmo convive con una paradoja: el 60% cree que al sector le va «bien o muy bien», a pesar de que la producción de oro no ha crecido significativamente y proyectos ambiciosos de cobre aún no han iniciado su etapa de explotación.
Desde la consultora advierten sobre el peligro de las expectativas desmedidas:
«Argentinos que saben poco sobre minería pero esperan mucho de ella puede convertirse fácilmente en un búmeran».
El eje central del debate actual es la modificación de la Ley 26.639 (Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial). El 71% de los encuestados afirmó estar al tanto de las noticias sobre el tema. Al ser consultados sobre qué debería priorizar el Gobierno en esta reforma, la respuesta fue contundente:
- 56% pide un equilibrio: priorizar tanto la protección ambiental como el desarrollo económico.
- 29% se inclina exclusivamente por el cuidado del agua.
- 15% apuesta únicamente por la inversión minera.
Esta postura intermedia marca un quiebre con la polarización histórica entre «minería sí» o «minería no», desplazando la discusión hacia el «cómo» se lleva adelante la actividad.
Otro dato revelador del informe es la crisis de representatividad de los actores políticos frente a los técnicos. El 69% de la población confía en científicos y expertos para definir los alcances de la ley, dejando muy atrás a las organizaciones ambientalistas (8%), al Gobierno Nacional (8%) y al Congreso (4%).
Con el litio y el cobre en el centro de la escena global por la transición energética, Argentina se encuentra ante una ventana de oportunidad. Los datos de Poliarquía confirman que existe licencia social para avanzar, pero con una demanda de transparencia y evidencia técnica que los tomadores de decisiones no podrán ignorar en las audiencias públicas de la Cámara de Diputados.
