El Senado analiza un proyecto de ley que busca desregular el mercado de biocombustibles y fijar la paridad de importación como referencia de precios. La iniciativa propone aumentar el cupo obligatorio de mezcla y establecer un esquema gradual de licitaciones.
El Senado está analizando un nuevo proyecto de ley de Biocombustibles que busca desregular el mercado y avanzar en cambios significativos que aumentarán el cupo obligatorio de mezcla. El proyecto, presentado por la presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuenta con el aval de empresas del sector y establece un esquema basado en la paridad de importación.
La nueva legislación propone extender el período de transición para mezclas y cupos hasta el 31 de diciembre de 2031 y, en caso de aprobarse, tendrá una vigencia de 15 años. Contempla un aumento en los niveles de corte obligatorio de biocombustibles, lo que permitiría absorber capacidad ociosa, e introduce un esquema gradual de licitaciones para la asignación de cupos y la formación de precios.
El proyecto establece un porcentaje mínimo obligatorio de mezcla de biodiésel del 7,5% para el gasoil, que se elevará al 10% después de 12 meses. En el caso de las naftas, el porcentaje mínimo obligatorio de mezcla de bioetanol será del 12%, que ascenderá al 15% después de 12 meses. La Autoridad de Aplicación podrá modificar estos porcentajes por motivos ambientales, sociales, económicos o técnicos.
El proyecto también prevé un esquema de transición para el co-procesamiento, es decir, la incorporación de materia prima no fósil en la producción de gasoil por parte de mezcladores que a su vez sean refinadores. El cómputo de este mecanismo dentro del corte obligatorio de biodiésel podrá aplicarse de forma gradual.
La iniciativa sustituye el esquema de precios máximos fijados por uno de precios de referencia de paridad de importación. De esta forma, el precio pasa a ser libre, pero si superara la paridad de importación, se habilita la activación del mecanismo de excepción que autoriza la importación de biocombustibles.
El proyecto dispone que durante el período de transición, una porción específica del corte obligatorio se destine a comercializarse a través del mercado regulado exclusivamente mediante empresas no integradas (pymes independientes). Además, para evitar que una sola firma domine dicho segmento, fija que ninguna empresa o grupo económico no integrado podrá exceder el 14% del total comercializado por año dentro de esta categoría.
El vicepresidente Ejecutivo de Midstream y Downstream de YPF, Mauricio Martin, aseguró que el precio del biocombustible «está por encima un 40% del combustible fósil, con picos que llegaban hasta el 80%». En relación con los nuevos cortes y su impacto en el surtidor, Martin afirmó que llevar el corte de biodiésel al 10% «impactará en un 3% adicional en los precios de los combustibles al consumidor».
El proyecto se debate en un contexto de crecimiento de la demanda de biocombustibles a nivel mundial y del fuerte encarecimiento en el país. La caída de las exportaciones de biocombustibles implicó una menor recaudación para el Estado nacional y un costo fiscal que ascendió a los US$ 300 millones en 2025 y que acumuló US$ 6.500 millones en los últimos 15 años.
El proyecto incluye también la creación de un Mercado Electrónico como mecanismo que concentre la comercialización «de manera única, transparente y de acceso público, administrado por un organismo independiente con experiencia comprobada en negociación de productos energéticos y bajo estándares internacionales de comercio». Además, incentiva a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que fomenten regímenes propios opcionales e incrementales para el usuario que habiliten la comercialización de cortes superiores.
