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Shutdown en Argentina: cómo funcionaría

El presidente Javier Milei anunció que se está trabajando en un mecanismo de «shutdown» para el Poder Ejecutivo en caso de agotamiento del presupuesto. El modelo se inspira en el utilizado en Estados Unidos, pero con diferencias clave.

El presidente Javier Milei aseguró que en la Casa Rosada se está trabajando en el armado de un mecanismo de «shutdown» para el Poder Ejecutivo, similar al utilizado en Estados Unidos. Esto significa que si un organismo agota su presupuesto, no podrá seguir gastando. La medida se analiza en paralelo con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que busca prohibir el financiamiento monetario del Tesoro.

En Estados Unidos, el cierre parcial de la administración suele ocurrir cuando el Congreso no aprueba una ley de presupuesto. Sin embargo, la versión argentina tendría un disparador diferente: el agotamiento efectivo de las partidas presupuestarias. Una vez consumidos los fondos asignados, el organismo no podría asumir nuevos compromisos de gasto.

El «shutdown» nunca alcanza la totalidad de las áreas del Estado. Uno de los principales desafíos será delimitar qué erogaciones quedarían alcanzadas por la medida y cuáles estarían exceptuadas. Entre los distintos rubros que podrían verse afectados se encuentran obras públicas, contrataciones administrativas, campañas oficiales, programas sociales, salarios y transferencias a las provincias.

La relación con los gobernadores también podría ser un tema de conflicto, ya que buena parte de los giros a las provincias dependen del presupuesto nacional y podrían verse afectadas si una partida se agota. Esto podría abrir una nueva instancia de negociación entre la Casa Rosada y los caciques provinciales.

El eventual «shutdown argentino» podría derivar en una disputa judicial, ya que el Estado podría interrumpir programas, pagos o prestaciones por falta de crédito presupuestario. Por lo tanto, el Gobierno deberá diseñar un marco legal sólido para evitar que la medida quede frenada apenas entre en vigencia.

Entre las alternativas que se analizan para activar el cierre se encuentran el modelo norteamericano, que marca que las primeras actividades que se suspenden son las consideradas no esenciales. En Argentina, esta categoría podría incluir nuevas contrataciones, programas sin ejecución crítica, gastos administrativos, campañas oficiales, eventos, viajes, compras no urgentes y otras partidas discrecionales.

El principal desafío será definir qué ocurre con los gastos permanentes, como salarios del sector público, jubilaciones, seguridad, salud, Justicia, servicios esenciales y atención de emergencias. Estos gastos difícilmente puedan interrumpirse sin generar consecuencias legales, sociales o políticas.

En Estados Unidos, el cierre administrativo del gobierno ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto necesarias para mantener financiadas a las agencias federales. Como resultado, la mayor parte de las agencias federales carecen de los fondos para operar hasta nuevo aviso. Los empleados públicos son uno de los sectores más afectados, ya que una parte del personal es enviada a sus casas bajo el esquema conocido como «furlough», una licencia temporal sin goce de sueldo.

En el episodio más reciente de shutdown en Estados Unidos, registrado en 2025, más de 750.000 empleados federales quedaron alcanzados por esta situación. Por su parte, quienes desempeñan funciones críticas para la seguridad y el funcionamiento del Estado continuaron prestando servicio, con el pago de sus salarios diferido hasta la reapertura del gobierno.

Entre los servicios suspendidos en el último cierre de gobierno en Estados Unidos se encuentran varios programas y agencias. Sin embargo, algunos sectores permanecieron operativos, como el correo postal, el control del tráfico aéreo, los controles de seguridad en aeropuertos, las Fuerzas Armadas, el FBI, la DEA, la Guardia Costera, las agencias de inmigración y aduanas, además de programas como Seguridad Social, Medicare y Medicaid. También continuaron funcionando los programas de asistencia alimentaria, sujetos a la disponibilidad de fondos.