En los pasillos del Congreso comenzó a gestarse un proyecto de ley que busca devolverle a la ANSES su rol como prestamista, aunque con un giro determinante en su finalidad. La iniciativa, impulsada por diversos bloques de la oposición, propone rehabilitar líneas de crédito de hasta $1.500.000 destinadas a jubilados, beneficiarios de asignaciones y trabajadores informales, con el objetivo central de sanear deudas familiares.
A diferencia de las ediciones anteriores, este plan no busca incentivar el consumo directo, sino ofrecer un salvavidas a los hogares que hoy se encuentran asfixiados por intereses bancarios o préstamos informales. Cabe recordar que este tipo de financiamiento había quedado desactivado tras el decreto 421/2025; ahora, los legisladores pretenden restituirlo utilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
El universo de beneficiarios
El proyecto establece un alcance masivo, apuntando a sectores que históricamente enfrentan barreras para acceder al sistema bancario tradicional. Según el texto en discusión, podrían acceder a estos créditos:
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo.
- Jubilados y pensionados del SIPA que no superen los seis haberes mínimos.
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).
- Trabajadores de casas particulares registrados.
- Monotributistas de las categorías A, B, C y D.
En total, se estima que el universo potencial alcanza a más de 10 millones de personas, quienes hoy suelen quedar a merced de tasas que superan el 200% anual en el mercado informal.
Un sistema de desendeudamiento dirigido
La gran novedad de esta propuesta radica en su funcionamiento: el dinero no pasará por las manos del solicitante. Para evitar el gasto discrecional, la operatoria sería 100% digital y dirigida. El beneficiario deberá declarar su deuda (ya sea con un banco o una tarjeta de crédito) y la ANSES transferirá los fondos directamente al acreedor.
El monto máximo de $1,5 millones contaría con un mecanismo de actualización basado en el Salario Mínimo, Vital y Móvil, evitando que la inflación erosione el valor del préstamo. Asimismo, se establece un tope de cuota: el descuento mensual no podrá superar el 30% del ingreso neto del solicitante, resguardando su capacidad de subsistencia.
Plazos y realidad legislativa
Es importante subrayar que, al día de hoy, los créditos no están vigentes. Se trata de una iniciativa parlamentaria que debe atravesar el debate en comisiones y obtener la aprobación de ambas cámaras.
De avanzar con celeridad en Diputados durante este mes, el proyecto llegaría al Senado entre abril y mayo, lo que situaría una posible implementación recién para el segundo semestre de 2026. El debate promete ser intenso, dado que el oficialismo ya ha manifestado ciertos reparos respecto al uso de los fondos del sistema jubilatorio para este fin. Por el momento, no existen formularios ni trámites habilitados, por lo que se recomienda cautela ante posibles estafas virtuales.
