En un giro de relevancia institucional para el país, el gobierno de los Estados Unidos formalizó su apoyo a la República Argentina en el litigio por la expropiación de YPF. A través de una presentación del Departamento de Justicia ante la Corte de Nueva York, la administración norteamericana se opuso de forma explícita al pedido de los demandantes para declarar al país en desacato e imponer sanciones económicas.
El escrito de 29 páginas, presentado el 26 de febrero de 2026 ante el tribunal de la jueza Loretta Preska, advierte sobre los riesgos de política exterior que conlleva el caso. Según el documento, este tipo de litigios contra Estados extranjeros en tribunales estadounidenses puede afectar el trato recíproco que Washington recibe en otras naciones, apelando al principio de cortesía internacional.
El conflicto escaló a partir de las exigencias del fondo Burford Capital y otros litigantes en el proceso de discovery (exhibición de pruebas). Al respecto, el Departamento de Justicia destacó los esfuerzos de la Argentina por cumplir con estos requerimientos, calificando las demandas de los fondos como incompatibles con la inmunidad soberana que rige las relaciones entre Estados.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación destacaron la solidez de este respaldo. «Esta postura pone de relieve la consistencia técnica de las presentaciones efectuadas por el Estado argentino», señalaron fuentes oficiales. Además, subrayaron que durante más de dos años se entregaron más de 115.000 páginas de información, lo que demostraría la voluntad de cooperación del país frente a las acusaciones de obstrucción.
El texto del gobierno estadounidense concluye de manera tajante, solicitando que se rechace la moción de los demandantes por no ajustarse a la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA). Este acompañamiento marca una continuidad en la sintonía política entre la gestión de Javier Milei y el Departamento de Justicia en el marco de esta causa.
Actualmente, la estrategia argentina se centra en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, donde busca revertir decisiones previas sobre el proceso de prueba y la entrega de acciones de la petrolera. Para la defensa oficial, el apoyo de Washington no solo fortalece la posición jurídica, sino que envía una señal de previsibilidad a los mercados internacionales en un proceso de alto impacto financiero para el país.
