La inviabilidad operativa ante la inseguridad jurídica y el desborde litigioso amenaza con desmantelar la protección laboral privada.
El cese de operaciones de Galeno ART, oficializado mediante la revocatoria de su autorización por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación, no debe leerse como un evento corporativo aislado, sino como el síntoma terminal de una patología estructural que afecta a la economía argentina: la industria del juicio. La salida del mercado de un actor de este peso confirma que la presión de la litigiosidad ha perforado los niveles de solvencia técnica, transformando un servicio de prevención en un sumidero de recursos capturados por la discrecionalidad judicial.
La Argentina enfrenta, una vez más, la colisión entre la voluntad de saneamiento económico y una arquitectura institucional que incentiva el conflicto por sobre la productividad. A pesar de los intentos de reforma, el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) opera bajo un asedio constante. El factor determinante no es la siniestralidad real, sino la brecha existente entre la pericia técnica y el dictamen judicial.
El núcleo del problema radica en el incumplimiento sistémico de la Ley 27.348. Desde 2017, la normativa exige la creación de Cuerpos Médicos Forenses en el ámbito judicial para profesionalizar las pericias. Sin embargo, la persistencia de peritos que cobran honorarios vinculados al monto de la sentencia —un claro conflicto de intereses— genera una distorsión de precios y riesgos que vuelve incalculable cualquier prima de seguro. Esta falta de previsibilidad destruye la seguridad jurídica, requisito indispensable para el flujo de inversión privada.
El cierre de Galeno ART impacta directamente en la configuración del mercado laboral:
- Destrucción de capital humano: El desplazamiento de cientos de trabajadores especializados incrementa la fricción en el mercado de empleo.
- Aumento de costos no salariales: La insolvencia de las aseguradoras obligará a un reajuste de alícuotas que las empresas, ya asfixiadas por la presión impositiva, deberán absorber, afectando su competitividad.
- Señal negativa a la inversión: Cuando el Estado no logra garantizar el cumplimiento de sus propias leyes, el riesgo país se traslada de los bonos a la economía real.
El verdadero debate de fondo no es la rentabilidad de una empresa, sino la sostenibilidad de un modelo donde el derecho laboral ha sido secuestrado por una lógica corporativista que privilegia el litigio sobre la creación de empleo genuino. El sistema de riesgos del trabajo está diseñado para dar previsibilidad a la producción; cuando esta se pierde, el incentivo natural del capital es la retirada.
La caída de Galeno se produce en un contexto de transición hacia un modelo de Estado limitado y eficiente. No obstante, este caso demuestra que la desregulación y el equilibrio fiscal son insuficientes si no van acompañados de una reforma judicial profunda que restablezca el imperio de la ley. La ambigüedad normativa y los grises en los cálculos indemnizatorios siguen alimentando una burocracia del conflicto que el sector privado ya no puede financiar.
