A través de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, el Poder Ejecutivo busca transferir al sector privado la gestión de casi 4.000 kilómetros de rutas, con el objetivo de eliminar el déficit operativo de Corredores Viales S.A. y fomentar la inversión en infraestructura.
n un paso decisivo hacia la reestructuración del Estado y la búsqueda del equilibrio fiscal, el Gobierno Nacional oficializó este lunes el llamado a licitación para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. La medida, instrumentada mediante la Resolución 174/2026, marca el inicio del fin para la gestión estatal de rutas bajo la órbita de Corredores Viales S.A., empresa declarada «sujeta a privatización» en el marco de la Ley Bases.
Esta nueva fase del plan oficial contempla la transferencia de 3.920 kilómetros de caminos a manos privadas. El proceso no se limita únicamente al mantenimiento correctivo, sino que delega en los futuros concesionarios la construcción, ampliación, explotación y administración de los servicios al usuario bajo el régimen de peaje. Esta decisión se suma a los anuncios previos del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, consolidando un cambio de paradigma en la obra pública donde el riesgo y la inversión recaen principalmente en el sector privado.
Impacto en Cuyo y la provincia de Mendoza
Para la región de Cuyo, y particularmente para Mendoza como nodo logístico estratégico, el anuncio posee una relevancia institucional y económica de primer orden. El tramo correspondiente a la región abarca aproximadamente 329 kilómetros de rutas nacionales esenciales para el comercio transnacional y el flujo hacia el Paso Internacional Cristo Redentor.
La desestatización de estos corredores busca revertir años de desinversión y falta de previsibilidad en la infraestructura vial. Desde una perspectiva económica, la medida apunta a reducir la presión impositiva indirecta que generaban los subsidios destinados a mantener una estructura estatal deficitaria. No obstante, el éxito de esta transición dependerá de la seguridad jurídica que el Estado ofrezca a los adjudicatarios y de la capacidad de estos para garantizar estándares de transitabilidad que hoy son críticos para el sector productivo local.
Desde el punto de vista del clima de negocios, el paso hacia la Red Federal de Concesiones pretende enviar una señal de normalización a los mercados internacionales. Al delegar la gestión vial, el Gobierno no solo busca el alivio fiscal, sino también corregir problemas estructurales de larga data: el exceso regulatorio y la ineficiencia en la prestación de servicios públicos.
Sin embargo, el despliegue de esta Etapa III plantea interrogantes estratégicos. Si bien la medida fomenta la inversión privada, el desafío radica en si el nuevo esquema tarifario por peaje será compatible con la competitividad de las economías regionales, ya afectadas por una alta presión de costos.
