A través de la Resolución 55/2026, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación oficializó el cierre definitivo del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI). La medida conlleva un cambio estructural para el sector: la eliminación inmediata de los aportes obligatorios que los establecimientos vitivinícolas debían abonar para sostener dicho programa.
La normativa establece un periodo de transición de tres meses. En este lapso, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) —entidad encargada de ejecutar el plan— deberá presentar un informe detallado que incluya el cumplimiento de objetivos, el uso de los recursos asignados y la rendición de cuentas final. Una vez concluido este proceso, los fondos excedentes serán transferidos al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Desde el Ministerio de Economía argumentaron que el PEVI fue diseñado con metas específicas que caducaban en el año 2020. Si bien existieron prórrogas posteriores solicitadas por la COVIAR, el Ejecutivo consideró que el ciclo del plan está cumplido. Al finalizar el objeto del programa, el Gobierno determinó que ya no existe sustento legal para exigir las contribuciones a las bodegas y viñedos, por lo que el INV cesará su recaudación de forma inmediata.
Es importante señalar que la resolución no disuelve a la COVIAR. La entidad podrá seguir funcionando, pero bajo un nuevo paradigma financiero: deberá sustentarse mediante el aporte voluntario de sus asociados, perdiendo la facultad de recibir fondos provenientes de una carga obligatoria estatal.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue tajante respecto al impacto de la decisión. «Terminamos con una anomalía donde el Estado recaudaba recursos del sector para sostener a una entidad privada. Una cámara empresaria no puede financiarse con un impuesto obligatorio», afirmó el funcionario, subrayando que la medida busca devolver libertad y competitividad a la industria.
Esta decisión se da en un contexto de fuerte revisión de las estructuras paraestatales y fondos fiduciarios. El PEVI, lanzado originalmente en 2004 con el consenso de diversas provincias productoras como Mendoza y San Juan, buscaba posicionar al vino argentino en los mercados externos y fomentar el consumo interno. Sin embargo, en los últimos años, diversos sectores de la industria habían manifestado su disconformidad con el costo de mantenimiento de la estructura burocrática del plan frente a los resultados obtenidos.
Con esta desregulación, el Gobierno apunta a reducir los costos operativos de las bodegas, permitiendo que las empresas decidan autónomamente a qué cámaras o proyectos estratégicos desean aportar su capital.
