Durante el mes de abril, el Poder Ejecutivo Nacional moderó la intensidad del recorte en las partidas presupuestarias bajo el criterio de base caja —es decir, lo efectivamente abonado—. Esta flexibilización, combinada con una recaudación fiscal que continúa afectada por la recesión económica y las recientes exenciones impositivas, derivó en una compresión del superávit primario. A pesar de esta desaceleración, las cuentas públicas lograron mantenerse en terreno positivo, acumulando en el primer cuatrimestre del año un saldo favorable equivalente al 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI). De este modo, la administración nacional avanza hacia la meta anual del 1,4% del PBI comprometida ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última revisión del programa vigente.
De acuerdo con los datos oficiales publicados por la Secretaría de Hacienda, el resultado fiscal de abril arrojó un superávit primario de $632.844 millones. La cifra representa una contracción real del 57,3% interanual al compararse con el saldo de $1,1 billones registrado en el mismo mes del año anterior. La dinámica del período estuvo marcada por una caída del 2,1% real en los ingresos totales, frente a un incremento del 1,6% real en las erogaciones del Estado.
El repunte del gasto público estuvo impulsado principalmente por los subsidios a la energía, una estrategia orientada a contener el impacto de las tarifas sobre el índice de precios al consumidor, y por un incremento en la ejecución de la obra pública. Asimismo, las partidas destinadas a las jubilaciones mostraron una leve recuperación. En contraposición, los sectores que sufrieron los mayores ajustes fueron las transferencias a las provincias, las partidas para las universidades públicas, los programas de asistencia social y los salarios del sector público.
Análisis de ejecución fiscal: Mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) reportó una baja interanual del 6,1% en el gasto primario devengado (el compromiso contable), el registro de base caja de Hacienda reflejó una suba del 1,6%. Este comportamiento invierte la tendencia observada en marzo, mes en el que se postergaron pagos para exhibir una reducción en las transferencias líquidas y controlar la deuda flotante.
La retracción del superávit en abril consolida una tendencia de desaceleración que se evidencia desde el inicio del ejercicio. El saldo positivo del sector público nacional ha mostrado caídas reales interanuales consecutivas: un 3,8% en enero, un 14,3% en febrero y un 3,9% en marzo. No obstante, la contracción del 57,3% reportada en abril se posiciona como la más pronunciada en lo que va del año.
Los frentes que enfrenta el Palacio de Hacienda para sostener el equilibrio fiscal son complejos. El enfriamiento de la actividad económica impacta de forma directa en la recaudación impositiva, provocando un retroceso real del 4,1% interanual en los ingresos tributarios. Por su parte, los recursos vinculados a la seguridad social, condicionados por la evolución del empleo registrado y los salarios, cayeron un 3% real. En los meses previos, el bache fiscal se había compensado mediante recursos extraordinarios —como la privatización de las represas del Comahue en enero— o mediante postergaciones de pagos; en abril, el costo se tradujo en una reducción del margen superavitario.
Desde la consultora económica LCG señalaron que, a pesar de las oscilaciones de abril, el compromiso oficial con la disciplina fiscal sigue firme y estiman factible el cumplimiento de la meta del 1,4% del PBI fijada en el Presupuesto. Sin embargo, los analistas advierten que el foco de atención se traslada hacia la sostenibilidad del esquema. La menor recaudación derivada de la implementación de las normativas laborales vigentes, la restitución de fondos coparticipables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las bajas programadas en las retenciones exigirán mayores compensaciones por el lado del gasto en sectores que ya registran niveles significativos de contracción.
El desglose de los datos de abril revela las asimetrías del gasto público: los subsidios energéticos se elevaron un 150,2% real interanual y las transferencias a la obra pública crecieron un 68,5%, en tanto que los haberes previsionales avanzaron un 3,6% real. En la vereda opuesta, las transferencias discrecionales a las provincias cayeron un 54,1% real, los giros a las universidades disminuyeron un 48,9%, los planes sociales se redujeron un 9,5% y los salarios estatales sufrieron una merma del 3,2% en términos reales.
