La Cámara de Diputados se encamina a un cierre de mes de alta intensidad parlamentaria. El Gobierno nacional aceleró las gestiones para convertir en ley el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una pieza fundamental en el tablero de compromisos internacionales asumidos por el presidente Javier Milei. La iniciativa responde directamente al Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones sellado en febrero pasado con su par estadounidense, Donald Trump.
La aprobación del PCT no es un trámite más; representa un giro de 180 grados en la política de propiedad intelectual de las últimas décadas. En la práctica, este tratado internacional permite que una patente registrada en un país miembro obtenga validez automática por un plazo de 20 años en las 158 naciones firmantes. Si bien el alcance es multisectorial —afectando desde la tecnología hasta el agro—, el epicentro del debate es la industria farmacéutica, donde los intereses económicos se cuentan por miles de millones de dólares.
El desembarco del proyecto en las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General este martes promete un clima de fuerte confrontación. Mientras el oficialismo y sus aliados defienden la medida como una herramienta necesaria para insertar a la Argentina en los estándares globales de innovación, el kirchnerismo y la izquierda denuncian que la normativa favorece a las corporaciones trasnacionales y limita la competencia de los laboratorios nacionales, lo que podría derivar en un aumento del precio de los medicamentos.
Desde el Ejecutivo, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, enfatizó que la adhesión es un gesto de «seriedad» hacia los inversores. «Hoy, un emprendedor o una universidad que quiere proteger su invención en el mundo tiene que hacerlo a través de otros países. Eso implica un costo real de tiempo y recursos que frena nuestra capacidad de exportar conocimiento», señaló el funcionario.
Este movimiento legislativo es el capítulo final de una estrategia que ya tuvo un avance clave el mes pasado. Por impulso del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el Gobierno derogó una serie de resoluciones de 2012 que imponían criterios restrictivos para el patentamiento químico-farmacéutico. Aquellas normas, dictadas durante la gestión de Cristina Kirchner, buscaban proteger a la industria local permitiendo la producción de genéricos o copias de fórmulas extranjeras.
Para mitigar el impacto inmediato, el Gobierno estableció un mecanismo de protección para los productos que ya se encuentran en circulación, permitiendo que sigan comercializándose bajo el régimen actual. No obstante, para cualquier innovación futura, el blindaje de 20 años será infranqueable.
El optimismo en los pasillos de Balcarce 50 es alto. El tratado cuenta con una curiosidad institucional: ya recibió media sanción del Senado en julio de 1998, durante el menemismo, y al ser un convenio internacional, mantiene su vigencia parlamentaria. Con este escenario, el oficialismo apunta a sesionar el próximo miércoles 22, con el objetivo de cumplir con la fecha límite pactada con Washington y cerrar así uno de los reclamos históricos de la administración norteamericana y la industria de la innovación.
