El oficialismo busca acelerar el paso en el Congreso para sancionar una reforma clave en el control de armamento antes de que finalice el verano. Con un plenario de comisiones convocado para esta semana, el Senado comenzará el tratamiento final del proyecto que propone, por un lado, desburocratizar el registro de armas de fuego y, por el otro, prorrogar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2027.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, es una prioridad para la gestión de Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad. El apuro no es casual: el texto perdería estado parlamentario en febrero si no se convierte en ley próximamente. El eje central de la propuesta es doble: ofrecer una vía simplificada para quienes poseen armas sin registrar y mantener vigente el sistema de entrega anónima a cambio de un incentivo económico, un esquema que ha sido sostenido por distintas administraciones desde su creación en 2006 bajo la Ley 26.216.
Desde el Ejecutivo sostienen que la situación actual del parque de armas en Argentina es crítica. Según estimaciones oficiales, existen más de 800.000 unidades en situación irregular. Las causas, argumentan, radican en un sistema que hasta ahora ha sido «excesivamente burocrático, lento y poco digitalizado», lo que empuja a muchos usuarios a la informalidad por la dificultad de completar los trámites presenciales.
En su paso por el Senado para defender la norma, Juan Pablo Allan, titular de la ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados, ex RENAR), enfatizó que el objetivo no es flexibilizar los requisitos de seguridad, sino modernizar el acceso. «No estamos tocando los requisitos de fondo para la tenencia o la portación; la aptitud de tiro y el examen psicofísico siguen siendo los mismos», aclaró el funcionario, señalando que la meta es que el trámite pueda realizarse de punta a punta de forma digital.
El proyecto fundamenta que mejorar la trazabilidad es una pieza fundamental de la política de seguridad pública. Para quienes decidan no regularizar su situación, se refuerza la opción del desarme voluntario: un método donde el ciudadano entrega el arma para su inmediata destrucción, sin que se le soliciten datos personales ni se le cuestionen el origen de la pieza, recibiendo a cambio un cupón de pago.
Mientras el Senado se prepara para este debate en las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y de Justicia y Asuntos Penales, el calendario legislativo sigue cargado. Además de la regularización de armas, la Cámara Alta tiene en agenda convenios internacionales y la controvertida ley de «blindaje» de la propiedad privada, que aún genera fricciones con los sectores dialoguistas por sus alcances sobre las tierras rurales y los barrios populares.
