El Gobierno nacional busca acelerar el tratamiento legislativo de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una pieza fundamental en el andamiaje de reformas estructurales impulsadas por la gestión de Javier Milei. El proyecto, que ya se encuentra bajo análisis en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General en el Senado, pretende reconfigurar la relación entre el Estado y el patrimonio particular, limitando la intervención pública y agilizando procesos judiciales.
La iniciativa no solo se centra en la protección de inmuebles, sino que propone un cambio de paradigma en áreas sensibles como el régimen de expropiaciones, la propiedad de tierras rurales y la normativa ambiental vigente. Este miércoles, el Salón Azul del Congreso es el escenario de una jornada intensa con más de veinte expositores, entre los que se destacan constitucionalistas y referentes sociales, quienes analizan el impacto de una norma que genera tanto expectativas en el sector inversor como alertas en organizaciones civiles.
Límites estrictos a la expropiación y el fin de los plazos ambientales
Uno de los pilares del proyecto es la reforma a la Ley 21.499 de Expropiaciones. El oficialismo propone que el concepto de «utilidad pública» sea aplicado de forma mucho más restrictiva, exigiendo que el Estado justifique de manera técnica y proporcional cada caso. Además, se establece que la indemnización debe ser total y previa a la toma de posesión, incluyendo por primera vez el lucro cesante y actualizaciones por inflación con tasas comerciales, una medida que busca evitar que el propietario pierda valor real durante el proceso judicial.
En sintonía con la desregulación económica, la propuesta también apunta a la Ley de Manejo del Fuego. Actualmente, la normativa vigente impide el cambio de uso del suelo en terrenos incendiados por plazos de entre 30 y 60 años, con el fin de evitar incendios intencionales para desarrollos inmobiliarios. El nuevo proyecto busca eliminar estos plazos de protección, flexibilizando el uso de la tierra en pastizales y áreas que no sean consideradas estrictamente bosques nativos.
Desalojos exprés y apertura al capital extranjero
En cuanto a la operatividad judicial, la ley introduce el trámite sumarísimo para los desalojos. Esto permitiría a los propietarios obtener la desocupación anticipada del inmueble sin necesidad de esperar una sentencia definitiva. Un cambio administrativo relevante es la eliminación de la «caución real» (un depósito de garantía) para iniciar estos procesos, reemplazándola por una simple declaración jurada del titular.
Por otro lado, el proyecto deroga puntos centrales de la Ley de Tierras (26.737). De aprobarse, se eliminaría el límite actual que impide que los extranjeros posean más del 15% del territorio nacional, provincial o municipal. También caerían las restricciones de la «zona núcleo», que hoy impiden a una misma persona física o jurídica extranjera ser titular de más de 1.000 hectáreas en las tierras más productivas del país.
Impacto en barrios populares
Finalmente, la reforma toca la fibra social al modificar el régimen de integración socio-urbana. El proyecto oficialista plantea eliminar la expropiación generalizada en asentamientos y barrios populares, habilitando en su lugar mecanismos de usucapión (adquisición por posesión prolongada). Sin embargo, el punto que genera mayor fricción es la quita de los artículos que hoy suspenden los desalojos en estas áreas, lo que ha puesto en estado de alerta a diversas organizaciones sociales que temen un aumento en la conflictividad habitacional.
