En un giro judicial determinante para las finanzas públicas, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó este viernes el fallo de primera instancia en el juicio por la expropiación de YPF. La decisión anula la multimillonaria indemnización que la República Argentina debía pagar, una cifra que, con intereses acumulados, alcanzaba los 18.000 millones de dólares.
El presidente Javier Milei no tardó en reaccionar a la noticia a través de sus redes sociales. «Ganamos el juicio de YPF», celebró el mandatario en su cuenta de X, calificando el resultado como el «mejor escenario posible». Según destacó Milei, las estimaciones previas daban apenas un 15% de probabilidades a un desenlace de esta magnitud, que hoy representa un alivio equivalente al total de los desembolsos del FMI previstos para este año.
El dictamen del tribunal de alzada no solo exime al Estado Nacional del pago, sino que también ratifica la exculpación de la petrolera como entidad en el proceso de estatización llevado a cabo en 2012. Este punto era clave para la defensa argentina, que buscaba separar la responsabilidad de la compañía de las decisiones políticas tomadas por el Poder Ejecutivo de aquel entonces.
Una disputa de una década
El conflicto legal se remonta a 2015, impulsado principalmente por el fondo de inversión Burford Capital. El eje del reclamo radicaba en la nacionalización del 51% de las acciones de YPF —hasta entonces bajo control de la española Repsol— durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Los demandantes sostenían que Argentina había vulnerado los estatutos de la empresa al no lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a los accionistas minoritarios tras tomar el control.
En septiembre de 2023, la jueza federal Loretta Preska había fallado inicialmente contra el país, estableciendo una condena que ponía en jaque las reservas del Banco Central. Sin embargo, la estrategia legal actual, encabezada por la Procuración del Tesoro, logró torcer el rumbo del proceso. Los abogados del Estado convencieron al tribunal de apelaciones de que la Justicia estadounidense carecía de jurisdicción para dirimir un conflicto centrado en la interpretación de leyes locales y estatutos comerciales argentinos.
Este fallo representa un hito en la historia de los litigios internacionales del país, cerrando —al menos en esta instancia— uno de los frentes judiciales más costosos y complejos que la Argentina mantenía en el exterior.
