La administración de Axel Kicillof se encuentra en un callejón sin salida financiero. El modelo de gestión bonaerense, basado históricamente en la dependencia de las transferencias discrecionales, choca hoy contra la realidad de un Gobierno Nacional que mantiene una disciplina fiscal innegociable. Con las canillas del Tesoro cerradas y sin capacidad de generar recursos propios eficientes, la provincia de Buenos Aires enfrenta un escenario crítico que ya se traslada a los municipios.
Desde la Casa de Gobierno en La Plata, la respuesta a los intendentes que llegan con pedidos de asistencia es tajante: «No hay más nada». El agotamiento de los recursos es evidente y el gobernador busca ahora socializar el costo de la crisis convocando a jefes comunales propios y opositores para la próxima semana. El objetivo oficial es «repasar las finanzas», aunque en el sector privado lo ven como un reconocimiento de la incapacidad para gestionar sin el auxilio constante del Ejecutivo Nacional.
El panorama financiero se agrava por la estructura de deuda que arrastra el territorio bonaerense. A principios de marzo, Kicillof debió desembolsar más de USD 420 millones para cumplir con compromisos en moneda extranjera. De ese total, más de la mitad (USD 233 millones) correspondió únicamente al pago de intereses, un costo altísimo para una provincia que no logra equilibrar sus cuentas.
Si bien la Legislatura autorizó un esquema de endeudamiento por USD 3.600 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha sido claro: solo se permitirá el rollover de deudas existentes para evitar un default provincial, pero no se dará luz verde a la toma de nuevos créditos que incrementen el déficit. «No se va a autorizar nueva deuda para gasto corriente o infraestructura sin sustento», afirman desde los pasillos de Balcarce 50.
La falta de reformas estructurales en la provincia ya muestra su correlato en el mercado laboral. Según el INDEC, la desocupación en el Gran La Plata escaló al 9,5% al cierre del último período, superando con creces el promedio nacional. Este deterioro social pone en evidencia que el esquema de subsidios y gasto público bonaerense no ha logrado blindar el empleo frente al ordenamiento macroeconómico nacional.
A esto se suma un frente externo hostil. Con un riesgo país que merodea los 623 puntos básicos, el costo de financiamiento para cualquier emisor argentino es prohibitivo. Para una provincia con las cuentas en rojo como Buenos Aires, salir al mercado hoy es una misión imposible.
Mientras el Gobierno Nacional avanza en su plan de saneamiento, Kicillof queda expuesto a sus propias limitaciones: sin transferencias extraordinarias y con una presión impositiva que ya asfixia al sector productivo bonaerense, el margen de maniobra para el «modelo La Plata» parece haber llegado a su fin.
