Con 40 votos a favor y 31 en contra, el oficialismo logró desarticular una normativa que, bajo la excusa del cuidado ambiental, funcionaba como un cerrojo a la inversión minera en la cordillera.
El núcleo de la reforma es una victoria para las provincias. La nueva norma devuelve a los distritos la potestad de realizar sus propios estudios de impacto ambiental en zonas periglaciares. Se termina así el monopolio del IANIGLA, el organismo centralizado que los gobernadores cordilleranos señalaban como el principal obstáculo para el desarrollo de sus recursos.
«Se termina la dicotomía entre agua y trabajo. Queremos producir en cada rincón donde sea posible», sentenció Patricia Bullrich, marcando el tono de una jornada donde el pragmatismo productivo venció al relato.
Los votos clave y el fin de la «ley de Palermo»
La victoria oficialista no hubiera sido posible sin el apoyo de un sector del peronismo racional. Los senadores Sergio Uñac (San Juan), Lucía Corpacci (Catamarca) y el bloque jujeño de Carolina Moisés priorizaron los intereses de sus provincias por sobre la disciplina partidaria del interbloque de José Mayans.
El senador Agustín Coto, miembro informante, fue lapidario contra la legislación vigente desde 2010, calificándola como una normativa «redactada en un frasco de empanada en Palermo por dos chetos», en alusión a la visión urbana y alejada de la realidad productiva que impulsó la ley original.
Con el giro a la Cámara Baja, el sector minero y energético respira un aire de mayor certidumbre. Los puntos clave que defenderá el sector privado son:
- Autonomía provincial: Respeto al artículo 124 de la Constitución Nacional.
- Seguridad jurídica: Criterios científicos claros en lugar de interpretaciones ideológicas.
- Desarrollo sostenible: Equilibrio entre la protección del recurso hídrico y la explotación racional.
La batalla ahora se traslada a Diputados, donde el Gobierno buscará blindar este avance que promete abrir el grifo de inversiones que el país necesita para estabilizar su macroeconomía.
