Mientras el resto de las jurisdicciones del país lograron normalizar sus frentes externos, La Rioja se consolida como el único distrito de la Argentina que permanece en cesación de pagos. Bajo la gestión de Ricardo Quintela, la provincia ya acumula 720 días sin cumplir con sus obligaciones internacionales, sumando este martes un nuevo anuncio de impago de intereses que agrava su situación judicial en los Estados Unidos.
El conflicto central gira en torno al denominado «Bono Verde», un título emitido originalmente en 2017 por US$ 300 millones con el objetivo de financiar el Parque Eólico Arauco. La historia de este crédito es accidentada: tras un primer default en 2020 y una reestructuración que demandó más de un año de negociaciones, la provincia volvió a interrumpir los pagos en febrero de 2024.
La situación presenta una particularidad que genera especial malestar entre los acreedores: el activo que justificó la deuda ya no pertenece al Estado riojano. La provincia construyó y operó el parque eólico, pero luego lo vendió a la firma Pampa Energía. A pesar de haber percibido los fondos por esa transacción, el Ejecutivo provincial no canceló el préstamo original, lo que derivó en demandas activas en tribunales del exterior y un incremento constante de punitorios.
El contraste con la región
El escenario riojano desentona con el desempeño financiero de sus vecinos del Norte Grande, que enfrentan compromisos similares pero con resultados opuestos:
- Jujuy: Con una deuda emitida para el Parque Solar Cauchari, ya amortizó el 67% del capital y planea la cancelación total para 2027.
- Salta: Se encamina a pagar el 75% de su bono internacional para 2026, respaldada además por nuevas inversiones mineras.
- Chaco: Proyecta haber devuelto dos tercios de su deuda externa hacia finales del próximo año.
A diferencia de estas provincias, La Rioja no ha logrado amortizar capital y permanece aislada de los mercados de crédito.
Un pasivo creciente
De mantenerse la actual estrategia de confrontación con los bonistas, las proyecciones financieras son alarmantes. Se estima que, para cuando Quintela finalice su mandato en 2027, la deuda podría escalar hasta los US$ 450 millones.
Este monto representa un 150% del capital inicial solicitado, una cifra inflada por la acumulación de intereses moratorios y las penalidades legales de un conflicto que, por ahora, no parece tener una vía de solución en el corto plazo.
