En una jugada que busca retomar la iniciativa política y desplazar el foco de las polémicas recientes, el Gobierno nacional anunció el envío de su primera gran agenda legislativa para el período de sesiones ordinarias. El paquete, bautizado por el oficialismo como el inicio de la «reforma más profunda» de la historia reciente, abarca desde una reestructuración integral del Código Penal hasta cambios drásticos en el régimen de propiedad privada, discapacidad y educación superior.
El encargado de formalizar el anuncio fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó que el Ejecutivo remitirá una decena de proyectos clave al Congreso. Además, Adorni le puso fecha a su propio informe de gestión ante la Cámara de Diputados: será el próximo 29 de abril. Esta avanzada parlamentaria ocurre en un momento donde el Ejecutivo necesita mostrar músculo político tras las críticas recibidas por la logística de los viajes presidenciales y el uso de la flota oficial.
Propiedad privada y cambios en el uso del suelo
Uno de los pilares de esta reforma es el fortalecimiento de la propiedad privada. El proyecto de ley de expropiaciones busca limitar la discrecionalidad del Estado al definir la «utilidad pública». Bajo la premisa de que «el Estado no puede decidir de forma unilateral», el oficialismo también apunta contra la actual Ley de Tierras Rurales, buscando eliminar las restricciones vigentes para la compra de campos por parte de capitales extranjeros.
En la misma línea, el Gobierno propone:
- Ley de Desalojos: Un nuevo marco normativo para acelerar los tiempos judiciales, que permitiría la restitución de inmuebles en un plazo menor a cinco días.
- Manejo del Fuego: Modificación de la ley actual (promovida en su momento por Máximo Kirchner) para flexibilizar el uso de tierras tras incendios.
- Ley de Glaciares: Una reforma que genera fuerte tensión ambiental, ya que busca habilitar la actividad minera en zonas hoy protegidas, devolviendo a las provincias la potestad de definir áreas de explotación.
Tensión por universidades y discapacidad
El conflicto con los sectores sociales y educativos promete escalar. El Ejecutivo insistirá con reformas en las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario, ambos temas que ya habían pasado por el filtro del veto presidencial.
Desde la Casa Rosada argumentan que el esquema actual «reparte plata que no hay». En discapacidad, el objetivo es auditar beneficios y focalizar la asistencia solo en personas imposibilitadas de trabajar. En cuanto a las universidades, el borrador oficial plantea una ruptura con la actualización por inflación, proponiendo un incremento salarial del 12,3% en tres tramos para todo el año, una cifra que se encuentra muy por debajo de las pretensiones gremiales.
Un nuevo Código Penal y pliegos judiciales
La ambición de la reforma se extiende al ámbito judicial con el envío de un nuevo Código Penal. Se trata de un cuerpo normativo de 900 páginas que endurece penas e incorpora delitos modernos, como las estafas piramidales y el uso de armas en contextos de encierro. También incluye figuras para penalizar la actividad de los «trapitos» y el daño animal.
Para completar el esquema judicial, el Gobierno enviará al Senado los pliegos de 60 jueces y fiscales, buscando cubrir las numerosas vacantes en el sistema federal.
Los temas en lista de espera
Pese al ímpetu oficial, no todo el paquete llegará al recinto de forma inmediata. Reformas de alto impacto como la Reforma Política —que pretende la eliminación de las PASO— y la Reforma Impositiva han quedado, por ahora, en pausa. En ambos casos, el Gobierno se enfrenta a la falta de números propios en el Congreso y a la necesidad de tejer alianzas con los gobernadores y los bloques de la UCR y el PRO, quienes mantienen serias objeciones sobre estos puntos específicos.
