En una jornada marcada por un clima de alta tensión y tras un debate que se extendió por más de diez horas, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma del sistema de protección de glaciares. La iniciativa, que modifica la histórica Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos, contó con 137 votos afirmativos frente a 111 negativos, logrando el respaldo necesario gracias a una arquitectura política donde los gobernadores de provincias mineras fueron los verdaderos protagonistas.
Aunque el proyecto fue enviado por el Ejecutivo nacional bajo la gestión de Javier Milei, el quórum y la posterior aprobación dependieron directamente de los mandatarios provinciales que integran la «Mesa del Cobre» y la «Mesa del Litio». Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Carlos Sadir (Jujuy) se consolidaron como el bloque de presión que destrabó la votación en busca de atraer inversiones que, según estimaciones oficiales, podrían superar los u$s 40.000 millones.
El corazón de la reforma: la autonomía provincial
El cambio fundamental de la normativa radica en la transferencia de facultades. A partir de ahora, las provincias tendrán la potestad de redefinir qué áreas se consideran ambiente periglacial. Hasta hoy, el inventario realizado por el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) funcionaba como un límite estricto para la actividad industrial.
Con la nueva redacción, la protección se centrará exclusivamente en aquellas formaciones que cumplan una «función hídrica relevante». Esto permite que zonas anteriormente vedadas —muchas veces compuestas por roca y hielo subterráneo— puedan ser reclasificadas por las autoridades locales para habilitar proyectos mineros, siempre que se determine que no son recursos estratégicos para el abastecimiento de agua.
Intereses cruzados y peso político
El interés de los gobernadores no es menor. Provincias como Salta proyectan ingresos por u$s 10.000 millones solo en el sector del litio, un mineral crítico para la transición energética global que demandan potencias como Estados Unidos y China. Por su parte, San Juan y Mendoza, que albergan miles de cuerpos glaciares y periglaciares, ven en esta ley la llave para reactivar grandes proyectos de cobre que se encontraban frenados por la anterior legislación.
El apoyo fue transversal y quebró, en algunos casos, las estructuras partidarias. En San Juan, por ejemplo, el sector que responde al exgobernador Sergio Uñac acompañó la medida, entendiendo que la minería es el motor productivo local. Lo propio ocurrió con bloques como Innovación Federal y Elijo Catamarca, que resultaron determinantes para alcanzar la mayoría.
Voces en contra y advertencias por el agua
Pese al éxito legislativo, la reforma enfrenta un duro rechazo de organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición. Las críticas apuntan a que el cambio pone en riesgo el sistema de reservas hídricas que abastece a más de siete millones de personas en las zonas áridas del país.
Desde Unión por la Patria, el diputado Germán Martínez advirtió que la modificación podría generar inseguridad jurídica y una eventual judicialización de los proyectos. En la misma línea, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) denunció que el texto parece redactado a la medida de las corporaciones mineras.
Desde el oficialismo, el diputado Nicolás Mayoraz rechazó estas acusaciones, asegurando que la ley aporta «rigor técnico» y no desprotege el ecosistema, sino que permite estudios de mayor profundidad que el IANIGLA no podía realizar por falta de recursos. Ahora, con la ley sancionada, el foco se trasladará a las provincias, que deberán reglamentar cómo aplicarán su nuevo poder sobre el suelo andino.
