El presidente del Clúster de Energía de Mar del Plata, Marcelo Guiscardo, señaló a un medio especializado local que la compañía anglo-holandesa no comunicó decisiones formales respecto de las áreas, pero deslizó que los trabajos adicionales realizados tras una primera prueba sin resultados podrían estar vinculados a una evaluación más profunda de cara a una eventual perforación.
Según explicó, luego del testeo inicial se habrían efectuado análisis complementarios del lodo de perforación para verificar condiciones a gran profundidad. «Son tareas que usualmente se realizan cuando se estudia avanzar», indicó, aunque aclaró que se trata de interpretaciones personales ante la falta de confirmaciones empresariales.
Las áreas CAN-107 y CAN-109 abarcan en conjunto más de 16.000 kilómetros cuadrados. Finalizada la campaña sísmica, las compañías disponen de aproximadamente seis meses para procesar e interpretar los datos obtenidos. Ese análisis definirá si ingresan en la segunda fase exploratoria, un período de cuatro años que habilita la perforación de pozos.
En paralelo, el contexto corporativo suma interrogantes. Guiscardo planteó que, si Shell decidiera desprenderse de activos offshore en Argentina, podría hacerlo una vez asegurado el ingreso al segundo período exploratorio, de modo que un eventual comprador conserve el plazo completo para perforar. La información técnica recabada hasta el momento —incluidos los estudios de lodo— sería un insumo clave para esa decisión.
El antecedente más cercano en aguas profundas frente a la provincia fue el pozo Argerich X-1, encarado por YPF junto a sus socios internacionales. Esa operación, que se extendió durante unos 60 días, implicó un fuerte movimiento logístico en el puerto marplatense, con actividad aduanera continua y un flujo constante de equipos y suministros hacia el buque perforador.
De confirmarse un hallazgo comercial, el impacto sería de largo plazo. Un desarrollo típico en aguas profundas puede requerir entre 12 y 20 pozos productivos, además de la instalación de un buque de producción y almacenamiento capaz de separar el crudo del agua y reinyectarla al reservorio para sostener la presión. Se trata de infraestructuras que demandan inversiones de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares y plazos de construcción cercanos a los tres años.
Desde el sector empresario local proyectan que una iniciativa de esa magnitud implicaría décadas de actividad sostenida, con demanda de servicios marítimos, logísticos e industriales, y la necesidad de ampliar capacidades portuarias. No obstante, advierten que el escenario aún es preliminar.
«La posibilidad existe, pero el primer paso es confirmar recursos», resumieron desde el clúster, en un escenario donde la expectativa convive con la cautela a la espera de definiciones técnicas y corporativas.
