La reciente modificación de la Ley de Glaciares ha generado un nuevo escenario de previsibilidad para el sector minero en Argentina, marcando un punto de inflexión para inversiones que se encontraban en compás de espera. Según destacó Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), los cambios normativos brindarán la «certeza» necesaria para determinar la viabilidad productiva en zonas de alta montaña, lo que podría agilizar el inicio de construcción de al menos siete proyectos de cobre de gran escala.
La minería de cobre es considerada hoy un pilar estratégico para la transición energética global. Argentina, que no produce el metal a escala industrial desde el cierre de Bajo la Alumbrera en 2018, cuenta con un potencial exportador que ahora busca reactivarse en las provincias de San Juan, Catamarca, Salta y Mendoza.
El epicentro del desarrollo cuprífero se concentra en San Juan, provincia que alberga cuatro de los proyectos más avanzados:
- Pachón: Operado por Glencore, con una inversión estimada de US$ 9.500 millones.
- Los Azules: A cargo de McEwen Copper, con un desembolso proyectado de US$ 3.170 millones.
- Distrito Vicuña: Incluye a José María y Filo del Sol, donde la alianza entre BHP y Lundin planea invertir US$ 7.100 millones.
- Altar: El proyecto de la firma Aldebaran, que aunque se encuentra en etapa de prefactibilidad, también se ve favorecido por el nuevo marco regulatorio.
En el resto de la región andina, destacan el proyecto MARA (Minera Agua Rica – Alumbrera) en Catamarca, con una inversión prevista de US$ 4.000 millones por parte de Glencore; y Taca Taca en Salta, bajo la firma First Quantum Minerals, que estima unos US$ 5.250 millones. Finalmente, en Mendoza, el Proyecto San Jorge aparece como una iniciativa de menor envergadura (US$ 559 millones), pero de gran relevancia para la reactivación minera local.
Uno de los puntos más debatidos de la reforma es la distinción sobre el ambiente periglaciar. Cacciola explicó que la nueva normativa busca eliminar confusiones legales, otorgando a las provincias mayor autonomía para validar los estudios de impacto ambiental.
«La ley sigue protegiendo los glaciares. Lo que se busca es determinar si una zona cumple o no una función hídrica estratégica. Si la cumple, no habrá actividad; si no la cumple, se podrá compatibilizar el cuidado ambiental con el desarrollo», afirmó el titular de CAEM.
Ante las críticas por el rol del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), el directivo señaló que el inventario actual, basado en imágenes satelitales, ahora podrá ser validado con trabajos de campo financiados por las provincias o las empresas para resolver discrepancias técnicas.
Pese al optimismo del sector empresarial, la reforma no está exenta de polémicas. Sectores críticos advierten sobre el riesgo de otorgar excesiva potestad a las provincias, argumentando que no todas cuentan con los recursos técnicos para auditar de forma independiente a las multinacionales. Asimismo, persiste la preocupación por el uso del agua en cuencas interprovinciales.
Sin embargo, desde el Gobierno y la Secretaría de Minería apuestan a que este nuevo marco legal logre destrabar un CAPEX superior a los US$ 28.000 millones acumulados en los nueve proyectos de cobre más avanzados del país. El objetivo final es posicionar a la Argentina como un actor clave en el mercado del cobre, un mineral cuya demanda se espera que se duplique para el año 2035 debido a la fabricación de vehículos eléctricos y tecnologías renovables.
