El Gobierno nacional obtuvo un respaldo jurídico estratégico en su avance por la reforma laboral. En las últimas horas, la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal dictaminó que es ese fuero, y no la Justicia del Trabajo, el ámbito competente para analizar la constitucionalidad de la norma. Esta resolución representa un giro fundamental en la batalla legal que el Ejecutivo mantiene con la Confederación General del Trabajo (CGT), ya que cambia el escenario donde se decidirá el futuro de la ley.
Haciendo lugar al planteo de la Procuración del Tesoro, los magistrados argumentaron que, al tratarse de una ley sancionada por el Congreso con alcance general, su validez debe ser revisada por el tribunal que controla la legalidad de los actos del Estado. El fallo sostiene que no se está frente a un conflicto puntual entre un empleado y un empleador, sino ante una impugnación directa a una norma del Poder Legislativo.
Si bien esta resolución no se define sobre la validez de los artículos reformados, sí determina «en qué cancha» se jugará el partido. Para el oficialismo, el fuero Contencioso Administrativo resulta un terreno más técnico y previsible, donde suelen primar criterios de análisis más rigurosos sobre la división de poderes y la legalidad de las leyes nacionales.
El escenario abre ahora dos posibilidades para la Cámara Nacional del Trabajo:
- Aceptar la incompetencia: Ceder el expediente al fuero contencioso y retirarse de la escena.
- Mantener la competencia: En caso de que los jueces laborales insistan en retener la causa, será la Corte Suprema de Justicia la encargada de dirimir el conflicto de competencia.
Para la conducción de la CGT, este movimiento judicial supone un obstáculo significativo. La central obrera había logrado inicialmente que la Justicia del Trabajo suspendiera mediante una cautelar más de 80 artículos de la reforma. Sin embargo, ese beneficio se desvaneció días atrás cuando la Sala VIII de la Cámara del Trabajo otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado, dejando la reforma nuevamente en vigencia.
La mudanza del expediente al fuero contencioso aleja la discusión de tribunales que, históricamente, han sido más permeables a los planteos de los gremios. Además, el fallo reciente advierte sobre el riesgo de una «fragmentación de criterios» si cada juzgado laboral del país pudiera opinar sobre una ley de alcance nacional, abogando por la unificación del proceso en un solo fuero.
La reforma laboral, integrada originalmente en el DNU 70/23 y luego consolidada en la Ley Bases, busca introducir cambios profundos en el mercado de trabajo argentino, tales como:
- Ampliación del período de prueba: Extensión de los plazos actuales para nuevos contratados.
- Fondo de Cese Laboral: La posibilidad de sustituir las indemnizaciones tradicionales por un sistema de capitalización, similar al de la construcción.
- Reducción de multas: Eliminación de sanciones por empleo no registrado o registración deficiente, con el fin de incentivar la formalización.
Con el respaldo de la Cámara Contencioso Administrativo, el Gobierno logra blindar, al menos procedimentalmente, una de sus banderas de gestión más resistidas por el sindicalismo tradicional. Mientras tanto, la CGT evalúa nuevas presentaciones judiciales, aunque el margen de maniobra parece reducirse ante la consolidación de una tendencia favorable al Ejecutivo en los tribunales federales.
